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Abogados explicaron el lento avance de la Fiscalía en las investigaciones de delitos tributarios, cuestionando demora pese a las pruebas que el Servicio de Impuestos Internos (SII) aportó en las 15 querellas presentadas desde 2015.
Por otro lado, admiten la dificultad del Ministerio Público para acreditar responsabilidad según el tipo de ilícito denunciado.
En cuatro años, al menos 15 querellas ha presentado el SII en Concepción y Talcahuano por delitos tributarios que le han generado al Fisco perjuicios por sobre los 20 mil millones de pesos.
En ese tiempo, la Fiscalía ha formalizado la investigación en seis causas, llegando a condenar a sólo una persona, estando aún en trámite el resto, entre ellas las que imputan millonarios fraudes a los exejecutivos del grupo Masvida, a un empresario del transporte y otra por boletas falsas.
Sobre el escaso avance, el abogado Ignacio Sapiaín subrayó en que con el cúmulo de pruebas que aporta Impuestos Internos para denunciar a un contribuyente, el Ministerio Público debería tener suficientes antecedentes para una pronta formalización, sin perjuicio de las decisiones que puedan surgir después.
“El servicio al momento de ingresar la querella siempre acompaña suficientes antecedentes de hechos en el tipo penal, lo que permite justificar una formalización oportuna”, afirmó.
El abogado experto en derecho tributario, Jorge Montecinos, precisó que hay distintos delitos tributarios, reconociendo que el más fácil de probar es el que dice relación con quienes facilitan boletas o facturas ideológicamente falsas.
No obstante, aclaró el profesional, más complejo es acreditar ilícitos respecto de quienes utilizan esos documentos.
“Es bastante frecuente que en la práctica la querella por el delito en contra del facilitador ande mucho mas rápido que en contra el contribuyente, básicamente porque la pena es muy menor”, aseguró.
En efecto, la única sentencia condenatoria lograda por la Fiscalía de Talcahuano fue en un juicio abreviado por boletas falsas.
Hecho donde un empresario, que provocó un perjuicio fiscal de 85 millones de pesos, recibió 541 días de cárcel remitida, mientras que en casos por la evasión de miles de millones, la investigación está aún en una etapa desformalizada.
