La acusación por el homicidio calificado en contra de las 19 víctimas de la matanza de Laja-San Rosendo fue dictada por el ministro Carlos Aldana, imputándose a 14 exmiembros de Carabineros y tres civiles, exejecutivos de la CMPC, estos últimos como cómplices de los asesinatos.

Tras más de 10 años de reabierta la investigación por los crímenes del caso, el juez para violación de derechos humanos dio el paso previo a la sentencia, con la acusación en contra de quienes hasta ahora aparecían como procesados por el asesinato de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles en septiembre de 1973.

Son 14 exuniformados a quienes se apunta como autores y cómplices de los homicidios calificados de la víctimas, mientras que a un excarabinero se apunta por la inhumación ilegal de los restos, mientras que a los tres civiles exejecutivos de la CMPC el ministro Carlos Aldana formula cargos como cómplices de los crímenes.

El abogado del Programa de Derechos Humanos, Patricio Robles, expresó su satisfacción por la acusación y la magnitud de los delitos imputados, que seguramente -dijo- conllevarán penas efectivas de cárcel una vez dictado el fallo de primera instancia.

Si no hay retraso ni impugnaciones a la acusación, se espera que el fallo con las condenas sea dictado en el primer trimestre de 2019, sostuvo el abogado e hijo de una de las víctimas del caso Laja San Rosendo, Mauricio Araneda.

Lo trascendental de la acusación es que se trata de la primera causa donde un grupo económico como la CMPC podría enfrentar su responsabilidad por la violación de derechos humanos en dictadura y tener que -como el Estado- pagar indemnizaciones para los familiares de las víctimas.