Los querellantes y denunciantes en la causa contra Enel por la contaminación en Coronel se opondrán a la salida alternativa propuesta por la Fiscalía para terminar las investigación iniciada hace seis años. Denunciaron que la condición que se impondría -la clausura parcial del vertedero de ceniza– ya está obligada por la normativa medioambiental.
Fue el martes que se conoció la decisión del Ministerio Público de aplicar la suspensión condicional del procedimiento a los tres ejecutivos de Enel, ex Endesa, como responsables de introducir y propagar agentes contaminantes en la Bahía de Coronel, sustancias emitidas por la termoeléctrica Bocamina.
Como denunciante en la investigación, el senador Alejandro Navarro admitió que se sorprendió por la decisión de la fiscal Ana María Aldana, quien impondría como condición para la salida alternativa el cierre de parte del vertedero donde se acopian las nocivas cenizas de la central.
El parlamentario recordó que el funcionamiento de ese depósito fue declarado ilegal y que su clausura está obligada por la normativa ambiental, por lo que el cierre -dijo- no puede entenderse como una condición.
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En igual sentido se manifestó el abogado representante de vecinos de la comuna, Felipe Urbina, quien dijo que la única forma de respaldar la suspensión condicional sería si Enel comprometiera medidas de mitigación para la comunidad, como áreas verdes, y un mea culpa de Bocamina.
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La audiencia donde se resolverá la salida alternativa ya fue agendada por el Juzgado de Garantía para el próximo 19 de octubre, y a ella deberán comparecer los ejecutivos de Bocamina formalizados hace un año, es decir, Mario Enero, Pablo Arnés y David Poblete.