Tras diez años de investigación y diligencias fue cerrado el sumario en el emblemático caso Laja San Rosendo, quedando procesados, por la ejecución de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles, 14 personas entre excarabineros y exejecutivos de la CMPC. El ministro Carlos Aldana aseguró que espera dictar sentencia antes de diciembre.

Fue en septiembre de 1973 cuando personal policial procedió a detener a los trabajadores de la papelera de Laja y de EFE, todos sindicados como opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron asesinados.

En 2010 una querella de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos reabrió la investigación que había sido sobreseída a fines de la década de 1980, logrando acreditar el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, las responsabilidades en los crímenes.

Durante este tiempo fueron procesados 10 carabineros como autores directos de la ejecución de las víctimas, además de cuatro exejecutivos de la CMPC, a quienes se les imputó como cómplices.

El cierre del sumario, explicó el ministro Aldana, se dictó al no existir diligencias pendientes en la investigación.

La noticia fue conocida de inmediato por los familiares de las víctimas, entre ellos Emilio Araneda, vocero e hijo de unos los ejecutados, quien espera que el ministro en visita dicte las máximas penas para los encausados.

Las partes en el proceso —querellantes y querellados— tienen 15 días para analizar y solicitar una eventual reapertura de la investigación, tras lo cual se procederá a la acusación, adelantando el ministro Aldana la posibilidad que antes de diciembre se pueda dictar el fallo de primera instancia.

Mientras los 10 carabineros en retiro están procesados como responsables de los 19 homicidios, las inhumaciones y exhumaciones ilegales de los restos, los cuatro civiles aparecen como cómplices de los asesinatos, al haber entregado a la policía los nombres de las víctimas y los medios para transportarlos y enterrarlos en el fundo San Juan.