Este martes se conoció íntegramente el fallo por el caso Mulchén, la emblemática investigación por el homicidio de 18 campesinos en 1973 y cuyos restos ordenó hacer desaparecer el Ejército en la Operación Retiro de Televisores.

Además de las condenas contra los excarabineros y exmilitares, quienes deberán cumplir penas de hasta 10 años y 1 día de cárcel por violación de derechos humanos, el ministro Carlos Aldana resolvió la responsabilidad civil del Estado, ordenando el pago de 1.580 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

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Son indemnizaciones de 40, 60 y 80 millones de pesos para los hermanos y hermanas de las víctimas, además de los hijos e hijas, así como las esposas de los campesinos asesinados y cuyos restos se hizo desaparecer en un operativo ejecutado entre fines de 1978 y principio de 1979 por miembros del Regimiento Húsares de Angol.

Los abogados querellantes adelantaron que no sólo apelarán por las bajas penas decretadas sino también por los montos de las reparaciones, estimando que los 1.580 millones de pesos se divide entre 27 familiares de las víctimas, una cifra proporcionalmente inferior a la indemnización otorgada en otros casos.