En los últimos días el viaje de los habitantes del Gran Concepción hacia los colegios o sus lugares de trabajo se han visto afectados por distintas protestas, principalmente en las primeras horas del día.

Sobre esta situación, la gobernadora Andrea Muñoz prefirió hablar de conductas equivalentes a una falta y no de hechos delictuales, por lo que descartó aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

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Según explicó el exfiscal y abogado, Andrés Cruz, la facultad para decidir cómo investiga el Ministerio Público las manifestaciones que alteren el funcionamiento de la ciudad es exclusiva de la autoridad política.

El penalista de la Universidad San Sebastián (USS), Waldo Ortega, discrepó con la gobernadora e indicó que cuando se generan situaciones como daño al mobiliario, se impide la libre circulación o se hiere a alguien, existe siempre la posibilidad que constituya un delito contra la seguridad del Estado.

Cruz subrayó que son las autoridades las que deberían explicar por qué en la intercomuna no se ha invocado la norma, ni siquiera -por ejemplo- en junio de 2014, cuando el bloqueo de los tres puentes sobre el río Bío Bío incomunicó a Concepción y San Pedro.

Al respecto, el intendente Rodrigo Díaz y el vocero del Gobierno, Enrique Inostroza, se excusaron de entregar su opinión, pidiendo quedarse con la respuesta y la postura de la gobernadora.