La lucha por los terrenos del empresario víctima de sicariato, Alejandro Correa, parece nunca acabar. Mientras la familia del fallecido insiste en la demolición de la toma; el representante legal de las personas que viven en el asentamiento ilegal asegura que todavía no han recibido alguna notificación por parte de las autoridades.

Se trata del terreno ubicado en el sector Calichero, en Quilpué, en la región de Valparaíso, y por el cual la familia Correa lleva años realizando gestiones para recuperarlo.

Desde la familia propietaria aseguran que el plazo límite para presentar una reclamación judicial en contra de la demolición es el próximo viernes 8 de noviembre. De lo contrario, la orden de demolición se deberá concretar con apoyo de la fuerza pública.

Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa Uribe, afirmó que el país está esperando si en este caso se cumplirá la Ley General de Urbanismo o “vamos a seguir sujetos a la ley de la selva”. Asimismo apuntó a que se trata de la toma de un terreno “manchado con sangre” y que por “cuya recuperación don Alejandro (Correa) perdió la vida”.

Afirman que ocupantes no han sido notificados

En la contraparte se encuentra Rodrigo Valdés, abogado de algunos de los actuales ocupantes del terreno, quien aseguró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que se notificara con ministro de fe a cada uno de los ocupantes, lo que todavía no ocurre.

Además, mediante un escrito, Valdés indicó que no se ha presentado ninguna demanda civil o penal en contra de los actuales habitantes del lugar y condenó la relación que se les ha dado a los ocupantes con el homicidio del empresario Alejandro Correa ocurrido en Concón.