El Juzgado de Letras y Garantía de Quintero -en la región de Valparaíso– se llevó a cabo la formalización del exdirector jurídico de la municipalidad por el delito de abuso sexual, hecho que afectó a funcionarias de la casa edilicia en 2021.

Se trata de Luis Araya Ossandón, a quien el Ministerio Público le imputa, en calidad de autor, los delitos de abuso sexual y abuso sexual por sorpresa. Ambos hechos registrados el 3 de diciembre de 2021 en un bar de Quintero.

En la audiencia, el fiscal Pablo Bravo detalló que los hechos investigadores ocurrieron en medio de una celebración de fin de año en la que participó personal de la Oficina Jurídica de la Municipalidad de Quillota.

En ese contexto, de acuerdo con la indagatoria, es que el acusado le pide a una abogada, que se desempeñaba en la Dirección Jurídica del municipio, que se sentara con él para luego comenzar a hablarle de manera muy cerca; tocarla, poniendo su mano en su cuello y espalda, hasta tocar y apretar los glúteos. Acción que realizó mientras le hablaba sobre su futuro laboral y le comentaba sobre su desempeño en el trabajo.

Ante eso, la mujer le levantó abruptamente y se dirigió al baño del recinto.

Una vez terminada la celebración, la víctima se fue caminando con otra compañera de trabajo a su domicilio, siendo seguidas por el acusado, quien ingresó a la casa pese a la negativa de ambas mujeres.

Luego, en el antejardín de la casa, el entonces director jurídico del municipio de Quintero se habría acercado a la segunda víctima, para tomarla con sus manos de los hombros y besarla en la boca a la fuerza.

Tras relatar los hechos que son materia de investigación, el persecutor solicitó el arraigo nacional y firma mensual mientras dura la indagatoria.

En la instancia, el defensor Fernando Parra cuestionó la acusación del Ministerio Público, ya que la segunda víctima habría renunciado a ejercer acciones en contra del imputado.

Finalmente, el magistrado Patricio Toro acogió el requerimiento y decretó arraigo nacional y de firma mensual para Ossandón. Además, se fijó el plazo de investigación en 60 días.