Tras el informe final de la comisión investigadora por las actuaciones de los distintos organismos durante el megaincendio registrado en febrero en la región de Valparaíso, el Sindicato Nacional de Profesionales (SINAPROF) y el Sindicato de Trabajadores de CONAF (SITREM), insisten en determinar responsabilidades políticas y administrativas en la Corporación.
Se trata de una de las mayores catástrofes en materia forestal, donde murieron 137 personas, más de 8 mil casas quedaron destruidas y 16 mil personas damnificadas.
En ese contexto, los sindicatos emitieron una nueva declaración donde pidieron disculpas públicas a toda la comunidad, en especial, “a las familias quienes perdieron a sus seres queridos en esta dantesca tragedia”.
También manifestaron su preocupación porque a días de que se cumplan seis meses desde el siniestro, la Dirección Ejecutiva de Conaf todavía no ha presentado ninguna querella en contra de quienes resulten responsables. “No hay ni siquiera procesos para la determinación de responsabilidad administrativa”, enfatizaron en el escrito.
Aseguran que ambos sindicatos, están disponibles para aportar antecedentes en cualquier proceso investigativo, aseverando que “existen otras líneas de investigación, no evaluadas ni analizadas”.
Tal como lo han mencionado anteriormente, también exigen las responsabilidades de las autoridades políticas y administrativas de CONAF. En esa misma, desligaron de toda responsabilidad de lo ocurrido “a la inmensa mayoría de las y los trabajadores del Departamento de Protección y Control de Incendios Forestales de la región de Valparaíso, quienes sólo recibieron instrucciones de sus mandos”.
De igual forma pidieron que se utilice “maliciosamente” esta tragedia para potenciar el proyecto SERNAFOR que, a su juicio, no mejora en absoluto incendios forestales y el cual el Ministerio de Agricultura “quiere llevar adelante contra viento y marea, sin tomar en consideración la opinión de las y los trabajadores de Conaf”.
Para finalizar valoraron el informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que corroboró “negligencias graves e inexcusables, que podrían constituir delitos” en el trabajo llevado a cabo por Conaf.
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