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El Ministerio Público pide hasta 50 años de presidio para los diez imputados en la operación "Arcángel Miguel", donde se incautaron más de 400 kilos de cannabis en La Calera, región de Valparaíso. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y explosivos, asociación ilícita y falsificación de marcas. En el Tribunal de Garantía de Quillota se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, donde se mantuvo la prisión preventiva para tres de los acusados. La alta solicitud de pena sorprende a expertos, ya que se ajusta a la Ley 20.000 que contempla penas severas, incluso superiores a las de homicidio, y se destaca la presencia de armamento y explosivos en el caso. No se excluyeron pruebas en la audiencia, quedando pendiente la fijación de fecha para el juicio oral.

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Hasta 50 años de presidio para cada uno de los diez imputados, es lo que solicitó el Ministerio Público en la denominada operación “Arcángel Miguel” que terminó con la incautación de más de 400 kilos de cannabis en La Calera, región de Valparaíso.

Fue en el Tribunal de Garantía de Quillota en donde se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, tras el procedimiento coordinado por la Brigada Antinarcóticos de La Calera que realizó allanamientos en la región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Cabe mencionar que, los 10 detenidos quedaron en prisión preventiva por una serie de delitos tales como, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, explosivos, municiones y armas de fuego convencional, además de asociación ilícita para el tráfico de drogas y falsificación de indumentaria y marcas registradas.

Por lo anterior, una pena de hasta 50 años de presidio arriesga cada uno de los imputados, así lo confirmó Lizardo Tapia, fiscal jefe de Valparaíso.

En la audiencia se examinaron las pruebas que el Ministerio Público y de la defensa de los acusados ofrecieron para el juicio, además se revisó y mantuvo una prisión preventiva para tres de los sujetos.

Para los expertos, llama la atención la alta solicitud de pena de parte de la Fiscalía, la cual, según Pablo Carvacho, experto en crimen organizado y cárceles, se apega a la Ley 20.000 que considera penas hasta más altas que el delito de homicidio.

Por otro lado, Carlos Ovalle, policiólogo y delitólogo forense, indicó que se trata de una asociación ilícita ante las diferentes municiones y explosivos incautados.

Por último, en la audiencia de preparación de juicio oral, no hubo exclusiones de prueba por parte de las defensas ni de la Fiscalía, ahora resta que el Tribunal fije día y hora para la respectiva audiencia.