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"Incompetencia brutal": comisión aprueba informe final por responsabilidades en megaincendio

Publicado por Daniela Salgado
La información es de Nicolás Donoso

12 julio 2024 | 00:23

La comisión investigadora de los incendios de febrero en la región de Valparaíso concluyó que hubo errores en la “preparación, planificación y operatividad” en el combate de la emergencia por parte de la Conaf.

Además, parlamentarios apuntaron sus dardos a la gestión del Senapred, la Delegación Presidencial Regional y los municipios.

Tras largas horas de discusión, la comisión especial investigadora (CEI) por los megaincendios que afectaron al Gran Valparaíso, aprobó el informe final de conclusiones y recomendaciones.

En el documento -dividido en ocho capítulos-, se contó con diez conclusiones y 37 recomendaciones, destacándose las responsabilidades de organismos como la Conaf, Senapred, la Delegación Presidencial Regional y los municipios.

De Conaf se apuntó a errores en la “preparación, planificación y operatividad” al enfrentar la emergencia; del Senapred a la ineficiencia del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y de la Delegación por fallar en las coordinaciones.

Asimismo, se cuestionó a la Municipalidad de Viña del Mar por presentar en su plan de emergencia “falencias sobre los roles, funciones y coordinación en el proceso de evacuación”.

El diputado y presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino, reiteró que los graves errores de Conaf “eventualmente podrían ser constitutivos de delito”.

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Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, lapidó la gestión de Senapred, calificándola de una “incompetencia brutal”; y llamó a impugnar responsabilidades políticas más allá de remover al ahora exdirector nacional del servicio.

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En la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, apuntó a las responsabilidades políticas, y dijo que las autoridades a cargo de la emergencia fueron “incompetentes” y “negligentes”.

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El documento será revisado y votado en la sala de la Cámara, para posteriormente ser enviado al Ejecutivo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.