Este viernes, la inmobiliaria Punta Piqueros informó que están evaluando hacer uso del derecho a reclamación tras la resolución de la Corte Suprema que ordenó la demolición del cuestionado hotel en el borde costero de Concón, en la región de Valparaíso.
Para ello tienen un plazo de 10 días, tal como lo establece la resolución. Los argumentos de la empresa es que la demolición total de la estructura causaría más daño que el que se pretende evitar, hecho que, agregan, está comprobado por científicos.
Explicaron la intervención en la zona que produjo la construcción del inmueble está completamente superada y que la biota marina y el entorno están íntegramente restaurados.
Además, agregaron que esta obra se inició y levantó en todo momento con permisos otorgados legalmente por las autoridades locales y regionales correspondientes, por lo que continuarán con acciones legales por falta de servicio e indemnización contra todos quienes resulten responsables.
Estudio de impacto medioambiental previo a demolición
Uno de los trasfondos y causas que origina la nulidad del permiso de obras y posterior orden de demolición es debido a la falta de una resolución de calificación ambiental que fue interpuesta por el Comité Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar a través de un reclamo de ilegalidad.
Patricia Matus, epidemióloga medioambiental y académica de la Universidad de los Andes, indicó que para evitar una contaminación del ecosistema del sector, debe haber un estudio previo de impacto medioambiental.
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El presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, Patricio Herman, indicó que los abogados de las familias Bolocco, Urenda, Eluchans y Said, harán lo posible por no hacerse responsables de una hipotética demolición.
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Preocupación por las repercusiones medioambientales que podría generar la demolición es la preocupación que manifestaron los vecinos de Concón y Viña del Mar a Radio Bío Bío.
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Si bien la inmobiliaria podría regularizar el permiso y demoler solo aquello que no cumple con el plan regulador; no obstante, proyecto nuevo debiera contemplar la demolición y la solicitud de regularización de permiso respetando la normativa actual y obtener aprobación de conformidad a la ley Lorca, que protege al borde costero de edificaciones de altura que tapen la vista y el acceso al mar.