Acusado por tomar fotografías de connotación sexual a compañeras del Colegio San Sebastián, para luego venderlas a otros alumnos, un estudiante de 14 años es investigado por la Brigada de Delitos Sexuales de Los Andes, en la región de Valparaíso.
Su teléfono celular fue incautado. Ahora, según señaló la subprefecta María Estar Maulén, jefa de la Brisexme, resta que el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones en Santiago, examine el dispositivo móvil.
La oficial no descartó la participación de personas adultas en estos hechos. Se espera que los resultados de los análisis estén listos durante la próxima semana.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
La diligencia informática podría demorarse, tal explicó Hugo Miranda, ingeniero informático y magíster en Ciberseguridad, quien por tres años fue jefe de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso
Según detalló el experto “lo que se hace es un examen de la memoria donde los datos, si bien están marcados como borrados, siguen en el chip”. Por tanto, lo que se busca es volver a habilitarlos “y así recuperar fotografías, archivos, conversaciones, transacciones económicas“, entre otros datos.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Superintendencia de Educación analiza las medidas adoptadas por colegio
Por su parte, el director regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, Reinaldo Orellana, solicitó un informe al establecimiento para investigar si las medidas adoptadas se ajustaron a la normativa educacional.
Los antecedentes ya fueron presentados por el liceo, y se encuentran en etapa de análisis por parte de la autoridad y “en caso de detectar posibles incumplimientos normativos, la denuncia sería derivada a fiscalización“.
“Si en esta etapa, se observan infracciones a la normativa educacional, el establecimiento podría arriesgar sanciones desde la amonestación a multas en UTM, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la misma”, detalló Orellana.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
El Ministerio Público no ha establecido la cantidad de víctimas, existiendo hasta ahora una única denunciante. Los delitos —de corroborarse— podrían vincularse a producción, almacenamiento y producción de material pornográfico infantil.