La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, solicitó un pronunciamiento para esclarecer la legalidad del convenio firmado por el municipio en 2016 con la Fundación Daya, donde no se ha logrado comprobar el correcto uso de $20 millones, de un total de $35 millones suscritos para un programa de uso compasivo de aceite de cannabis.

En una reunión con el Contralor Regional de Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, junto a su equipo de Asesoría Jurídica, solicitaron un pronunciamiento respecto a la legalidad del convenio firmado entre el municipio y la Fundación Daya en 2016.

Recordemos que este convenio tenía como finalidad hacer que la municipalidad de Quilpué financiara con cerca de $35 millones un programa de uso compasivo de aceite de cannabis llevado a cabo por la entidad.

La Fundación Daya, fundada en 2013 por la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, fue denunciada por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos traspasados por al menos 11 municipios a lo largo del país, entre los que figura la mencionada comuna.

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, precisó los motivos que impulsaron la presentación de este pronunciamiento, ya que no se ha logrado comprobar la correcta ejecución de $20 millones.

“Quisimos generar una presentación directamente a Contraloría para que se pueda investigar la legalidad de este convenio y de las acciones que están en torno a este convenio, y poder subsanar cualquier duda que exista respecto de la ejecución de este procedimiento”, aseveró.

“Se involucra una subvención de $35 millones, de la cual sólo se pueden comprobar la correcta ejecución de $14 millones, y queda en cuestionamiento qué sucede con $20 millones que aún no se rinden“, acusó.

En referencia a estos dineros, Felipe Cornejo, director de la Dirección de Asesoría Jurídica, señaló que el municipio solicitó el reintegro total a la fundación.

“Las unidades técnicas del municipio rechazaron una subvención por $35 millones. (De estos,) $20 millones son rechazados en atención a que correspondían a gastos ejecutados con anterioridad. La celebración del convenio eran gastos -incluso- del año anterior“, detalló.

“A la fecha hay $20 millones que se encuentran pendiente (y) que el municipio solicitó su reintegro. Se rinden gastos anterior a la celebración del convenio”, advirtió.

Por lo tanto, se espera que dentro de las próximas semanas, la Contraloría Regional de Valparaíso se pronuncie respecto de la legalidad del convenio, de su ejecución y de la rendición efectuada.

Convenio suscrito que involucra, recordemos, a once municipios del país, entre ellos la municipalidad de Quilpué.