El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, ofició al Gobierno Regional de Valparaíso por el traspaso de 400 millones de pesos a la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente. El parlamentario acusó “gasto en activismo de izquierda”; mientras que el gobernador Rodrigo Mundaca aseguró que Sánchez falta a la verdad.
Según detalló el parlamentario, se trata de una corporación a nombre de Ezio Costa, un abogado ligado al Frente Amplio que participó en la campaña del Apruebo. El acuerdo consiste en una serie de capacitaciones, talleres para trabajadores y diagnósticos sobre el estado ambiental de ecosistemas relevantes para la región de Valparaíso.
Sánchez insistió en la importancia de conocer más información sobre este traspaso millonario, más aún en medio del caso Convenios.
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En ese contexto, pide copia del o los comprobantes bancarios de ingreso de los recursos percibidos que se debió entregar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de los recursos en conformidad a la cláusula 7 del Convenio; y de todos los informes de rendición que la Corporación ha entregado hasta esta fecha en virtud de la cláusula séptima del Convenio, esto es, los informes mensuales desde diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023, mayo 2023, junio 2023 y julio de 2023, así como el informe semestral correspondiente al semestre enero-junio 2023.
Mundaca acusa a Sánchez de faltar a la verdad
Desde el Gobierno Regional de Valparaíso indicaron que los programas de transferencia directa fueron informados y aprobados por el Consejo Regional.
Además el gobernador Rodrigo Mundaca dijo que “el diputado una vez más falta a la verdad”, explicando que el propósito de este programa es contribuir a la reducción de los obstáculos institucionales, sociales y técnicos que limitan el acceso a la justicia en materia de reparación ambiental en la región.
También recalcó que el diputado Sánchez utiliza argumentos de su partido en contra de causas ambientales e informó que todos los antecedentes que él solicitó ya fueron entregados a la Contraloría, al igual que los programas.
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El parlamentario republicano busca conocer en detalle el programa, su justificación y posterior rendición, solicitando también las razones que se tuvieron a la vista para exigir una garantía que ascendía tan sólo a un 2% del monto total del monto del convenio en cuestión.
Mientras que desde el Gobierno Regional indicaron que existe un panel de control que mensualmente controla la ejecución presupuestaria y el avance técnico, por tanto, definieron la acción del diputado Sánchez como una forma mañosa de hacer política.