Un año y seis meses han transcurrido desde que el colectivero Juan González Farfán fue secuestrado mientras realizaba un recorrido entre las comunas de Villa Alemana, Quilpué y Valparaíso.

La investigación ha permitido el encarcelamiento de tres personas responsabilizadas por el secuestro calificado de la víctima: dos adultos y un menor de edad, todos condenados a penas de cárcel efectiva.

Pero del cuerpo de Juan, pese a haberse acreditado que fue asesinado, nada se ha sabido hasta ahora. Cristián Canifrou, su abogado, acusó la existencia de una “red de protección” de más personas involucradas, no detenidas, que ocultaron el cadáver de la víctima.

Y que esa banda criminal siga operando ha obligado a que la familia de Juan no participe tan activamente en la investigación, por temor a represalias. Elizabel González, su hermana, dice “basta” al pacto de silencio en torno a su paradero.

“Desaparición forzada” es el concepto que emplea Andrés Ovalle, perito en Investigación Criminal, consultado por este medio para explicar las motivaciones de este tipo de organizaciones.

El Ministerio Público señaló que no se emitirán declaraciones sobre esta causa, la cual calificó como una “situación no resuelta”.