Corte ordena desalojo de toma en San Antonio y expresan que es un delito en "flagrancia permanente"

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó desalojar en un plazo máximo de cuatro meses una toma de miles de familias en el Cerro la Virgen en la comuna de San Antonio, por considerar que la toma de terrenos es un delito que tiene ‘flagrancia permanente’.

Sin embargo, en el dictamen del tribunal de alzada no obligan ni al Ministerio de Vivienda ni al municipio a reubicar temporalmente a las familias y ya surgen críticas por los problemas para hacer cumplir el fallo.

Fue el 27 de enero de este año que la Inmobiliaria y Constructora San Antonio presentó un recurso de protección, asegurando ser dueña de los paños de 254 hectáreas hace 25 años. Acusan que en octubre del 2019 un grupo indeterminado de personas se tomó los predios.

Los terrenos iban a ser expropiados por el Ministerio de Obras Públicas para la obra de construcción ‘Conexión Vial acceso norte a San Antonio’. El 24 de abril la Dirección de Vialidad desistió de expropiar por no poder efectuar el desalojo.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso desechó el caso en enero por considerar que la acción judicial estaba fuera de plazo, pero en marzo, la Corte Suprema ordenó reabrir la causa bajo la tesis de que al igual que un secuestro, la toma de un terreno tiene ‘flagrancia permanente’. En otras palabras, que el delito siempre se está ejecutando mientras existe una toma.

“Hay privados que dejan que se tomen sus terrenos para presionar al Estado”

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Célis, valoró el fallo. “Las tomas son absolutamente contrario a nuestro ordenamiento jurídico”, expresó.

El diputado socialista, Tomás de Rementería, dijo que ha conversado con los dueños de los predios y asegura que están abiertos a una negociación con el Estado por el uso de los terrenos.

En esta misma línea, el fallo no responsabiliza ni al Ministerio de Vivienda ni al municipio de San Antonio, a buscar albergue o vivienda temporal para las miles de familias que deben irse antes de los cuatro meses advertidos.

Plazo de cuatro meses para desalojar

El consejero regional, Manuel Millones, alerta sobre esta situación y también reflexiona que este fallo tendrá efecto en otras acciones judiciales en el país.

El fallo del tribunal de alzada cita en varios de sus pasajes la decisión de la Corte Suprema de problematizar sobre el derecho de propiedad y la vulneración de ese derecho en el caso de una toma. De hecho, califica la decisión de las familias que el año 2019 comenzaron a levantar sus viviendas como ‘un actuar espurio’ que atenta contra el Estado de Derecho.