Un total de $400 millones es lo que deberá pagar el Estado a la familia de Juan Bustos Marchant, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) asesinado en 1974, durante la dictadura. Según afirman los abogados, existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato del funcionario de la PDI. En cuanto a los responsables, no pueden cumplir condena ya que que fueron declarados en estado de demencia por su avanzada edad.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Estado a pagar una suma de $400 millones a la familia de Juan Bustos Marchant, efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que fue asesinado en 1974 en la comuna puerto.

Cabe recordar que los hechos se remontan hace 49 años, cuando la víctima se encontraba detenido en el cuartel de calle Uruguay de Valparaíso, lugar donde fue reportado muerto, situación que en primera instancia fue catalogada como suicidio.

El abogado del Estudio Jurídico Papi y Kegevic, Guillermo Kegevic, indicó que llevan en este caso desde el año 2004 y que existió coordinación de agentes de la época para llevar a cabo el asesinato de Bustos Marchant.

A raíz de esta causa se declaró como culpable y autor material de los hechos al exprefecto de la Policía de Investigaciones de Valparaíso Mario Tashima Rebolledo, a quien se le atribuyó el delito de homicidio calificado cuando se comprobó que la muerte de la víctima era atribuible a terceras personas.

El abogado que representa a la familia, Alex Cortés, señaló que recurrieron a tres peritajes que acreditaron la tesis de asesinato en contra de Bustos Marchant.

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Agregando que la persona declarada culpable en este caso, junto a otro señalado como involucrado, no pueden cumplir condena producto a que fueron declarados en estado de demencia producto de su avanzada edad.

Finalmente, ambos abogados informaron que continuarán trabajando en la investigación penal del caso, debido a que al ser un crimen de lesa humanidad no prescribe con el paso del tiempo.