"Abogado del metanol" arriesga presidio perpetuo pero defensa confía en que será absuelto

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar realizará este martes la lectura de veredicto en el juicio en contra de Ricardo González Latorre (60), conocido como “el abogado del metanol”. Lo acusan de envenenar a sus clientes para cobrar millonarios seguros de vida.

El imputado enfrenta cargos por dos homicidios calificados, uno frustrado y otro consumado. Arriesga una pena de presidio perpetuo calificado, sin embargo, su defensa privada manifestó confianza en un resultado absolutorio.

El caso del “abogado del metanol”

Será a las 08:30 horas de este martes que se conozca el veredicto condenatorio o absolutorio en contra de González Latorre. El juicio oral en su contra ha durado poco más de dos semanas.

El fiscal Hernán Silva ha insistido en que el acusado utilizó alcohol metílico para envenenar a dos de sus clientes, Luis Olivares Grondona en 2012 y Natalia Véliz López en 2018, con el fin de cobrar sus seguros de vida. La primera víctima sobrevivió. La segunda, falleció.

“Todos los médicos y los peritos, responsablemente de acuerdo a la ciencia de la medicina, señalan que el cuadro exhibido por la víctima es compatible con metanol”, argumentó el persecutor.

Diametralmente opuesta fue la postura de la defensa privada de González Latorre. Su abogado, Pablo Tello, fue enfático: no hubo uso de metanol.

“Se han incorporado pruebas que excluyen la posibilidad de que se haya dado este veneno. En ese sentido, nos encontramos confiados en que la prueba indica precisamente que mi representado es inocente”, aseguró.

En la otra vereda figura la abogada querellante María Fernanda Cuevas, que representa a la familia de la víctima Natalia Véliz. A diferencia de la defensa del “abogado del metanol”, señaló que no están confiados.

“Se trató de un juicio complejo (…) Estamos ansiosos y esperar que nos vaya bien con nuestra teoría del caso”, acotó.

Por la muerte de Natalia, el Ministerio Público acusa que González Latorre percibió 109 millones de pesos por su seguro de vida.

La familia de esta última víctima ha calificado al imputado como un “asesino en serie”, a quien le atribuyen, otras tres causas —en 1997, 2004 y 2016, respectivamente— en las que habría utilizado métodos similares.