A una pena que cumplirá en libertad fue sentenciada Lorena Carolina Carrillo, carabinera autora del delito de apremios ilegítimos contra una manifestante, a quien obligó a desnudarse y hacer sentadillas al interior de una comisaría de Viña del Mar —en la región de Valparaíso— durante el denominado estallido social.
Si bien el Ministerio Público solicitó 5 años de presidio, el tribunal aplicó la Ley Naín Retamal, que es retroactiva, pese a que la integridad de la funcionaria no corría peligro.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, con la remisión condicional de la sentencia por los hechos que afectaron a una manifestante en noviembre de 2019. Sin embargo y para beneficio de la funcionaria policial, se le aplicó la Ley Naín Retamal, que modifica el Código Penal.
Dicha ley permitió que no se considerara como agravante que la víctima ocurrieron estuviera en custodia de la ahora sentenciada, cuestión que generó reacciones sobre el modo en que se aplicó la legislación y la desprotección a la afectada, indicó Daniel Soto, abogado consultor en Derechos Humanos y función policial.
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Diputados oficialistas reiteran crítica a Ley Naín
Parlamentarios también cuestionaron cómo el tribunal aplicó la ley. La diputada María Francisca Bello apuntó a violencia sexual, recalcando que este caso no aplica la legítima defensa porque la funcionaria no estaba en peligro; mientras que su par, Luis Cuello calificó de una aberración lo resuelto por el TOP de Viña del Mar, lo que -a su juicio- evidencian los excesos cometidos en la ley.
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El diputado de oposición Hotuiti Teao señaló que lo dictado es parte de las instituciones penales. “Hay que permitir que las instituciones funcionen, eso significa, dejar que los tribunales de justicia sean los que determinen cuáles serán las ponderaciones de la pena y la forma de aplicación de la misma”.
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En la instancia judicial también favoreció a la carabinera su intachable conducta anterior.
Recordemos que la Ley Naín Retamal entró en vigencia el 10 de abril tras una seguidilla de asesinatos de funcionarios policiales e implica un aumento de las penas en contra de quienes atenten contra su integridad.