A 10 años del incendio que afectó a los cerros Rodelillo y Placeres de Valparaíso en 2013, RVC, la empresa responsable del siniestro, no ha pagado la indemnización a los damnificados.
Por su parte, el trabajador condenado por el hecho no cumplió su condena con cárcel efectiva.
Durante el combate del incendio estuvieron presentes 12 compañías de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar, además de 80 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otros 44 efectivos de la Armada y el Ejército.
Fueron alrededor de 600 las familias que debieron ser evacuadas de la zona, mientras que los damnificados fueron ubicados en tres establecimientos educacionales habilitados como albergues y que corresponden a la Escuela Básica D-314 Joaquín Edward y el Polideportivo en el sector de Rodelillo, además de la Escuela República de Paraguay en el Cerro Los Placeres, de acuerdo a la información que proporcionó el Ministerio del Interior.
A su vez, 22 adultos y cinco menores fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso debido a distintas lesiones producto del incendio.
Juan Carlos Griffiths, inspector Jefe de Informaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, describió cómo vivió de primera fuente el siniestro, apuntando que fue un “desolador escenario”.
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El exencargado de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Passadore, señaló que el problema no era de los grifos, sino de la finalidad de estos, que son especialmente para casas y no para incendios forestales y que debido a la magnitud de la emergencia no podían entregar suficiente agua para combatirla.
Además, explicó que las condiciones en la que se encontraban los equipos de emergencia eran muy complicadas.
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El Tribunal Oral en lo Penal, en la época, dictó su veredicto condenando al obrero soldador de RVC, Carlos Rivas Quiroz, acusado por el delito de incendio, producto a los cortes de fierro que realizaba con máquina soldadora y que provocaron el siniestro que afectó a más de 280 casas y bosques en los cerros San Roque, Rodelillo y la Planchada de Valparaíso, en un siniestro que dejó 1.200 damnificados.
Además, la empresa debía pagar más de $1.000 millones a las familias damnificadas, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Finalmente, al trabajador condenado se le concedió cumplir su pena en libertad y no con cárcel efectiva.