La Contraloría se renunció a la polémica ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Zapallar -en la región de Valparaíso– estableciendo que la medida “excede el ámbito de atribuciones de las municipalidades, toda vez que las restricciones a la libertad de desplazamiento de las personas es una materia que la Constitución Política de la República ha reservado a la ley”.
Ante eso, desde el municipio confirmaron que propondrán una mesa tripartita con la Contraloría General de la República y la Defensoría de la Niñez para efectuar la revisión de la ordenanza que limita la libertad de desplazamiento de los adolescentes menores de 16 años durante la noche en bienes de uso público.
Autoridades señalaron que si bien pueden revisar y hacer modificaciones, la ordenanza ha tenido la aprobación ciudadana y de los propios adolescentes.
La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Zapallar efectuar una revisión del contenido de la ordenanza tras establecer que la casa edilicia “excedió el ámbito de atribuciones municipales.
Por eso, instruyó la revisión para ajustarla al ordenamiento jurídico en un plazo de 15 días hábiles.
Alcalde propone mesa tripartita para mejorar ordenanza
El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, confirmó que propondrán una mesa tripartita con la Contraloría General de la República y la Defensoría de la Niñez para subsanar las diferencias de esta ordenanza.
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De igual forma, el jefe comunal indicó que presentarán una solicitud de “reconsideración porque a nuestro juicio no nos hemos excedido en ninguna de nuestras atribuciones y tampoco hemos pasado a llevar ninguna garantía constitucional”.
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Finalmente, hizo hincapié en que la ordenanza ha tenido la aprobación ciudadana tanto de los vecinos de la comuna como de los adolescentes.
Resultados que también destacó la concejala Josefina Sutil, al asegurar que, hasta la fecha, la ordenanza ha traído beneficios en torno a la seguridad y el orden en la comuna.
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Por otro lado, el diputado del Distrito 7, Luis Cuello, quien en diciembre solicitó un pronunciamiento a la Contraloría por la ordenanza, afirmó que las observaciones que emanó el ente contralor les da la razón.
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El municipio tiene un plazo de 15 días para revisar la ordenanza y ajustarla al ordenamiento jurídico.