Tras la fallida licitación y posterior cancelación del Festival de fuegos artificiales tradicional de Viña del Mar y Valparaíso, durante este viernes se solicitó a la Contraloría iniciar una investigación por responsabilidades administrativas en los municipios de ambas ciudades.

En concreto, el diputado Andrés Celis (RN), ingresó un requerimiento a la Contraloría Regional (CGR) de Valparaíso. En este, expone las advertencias que se registraron durante el proceso donde se intentó lograr la autorización de estos fuegos artificiales vencidos.

Tanto la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), como también la Subsecretaría de las FF.AA, alertaron el riesgo que se corría al utilizar estos artículos pirotécnicos. Puesto que, al estar caducados, no entregaban la seguridad necesaria para las personas.

De esta manera, Celis acusa que la reciente “caída” de este evento con que se esperaba recibir el 2023, es algo que perfectamente se pudo evitar con bastante antelación.

Lo anterior, ya que la cancelación del Festival Pirotécnico, provocó la pérdida de $700 millones, dinero que difícilmente será recuperado. Esto, además del impacto económico que significa para el comercio y el turismo de la región de Valparaíso.

Festival Pirotécnico: fechas que advirtieron cancelación del show

En el escrito, se detalla que “el 4 de abril del año 2021 la empresa Pirotecnia SPA solicitó una autorización extraordinaria a DGMN para utilizar productos pirotécnicos internados en el país en el año 2019”.

Al respecto, añade que “se autorizó su utilización y paralelamente se dispuso la destrucción de aquellos artificios que no fueran utilizados en el año nuevo de 2021, lo que ya sabemos aún existen”.

En tanto, otro antecedente revela que el 9 de marzo de 2022, el representante legal de Pirotecnia SpA envío un correo al Departamento de Control de Armas y Explosivos (DECAE, perteneciente a la DGMN). Esto, con el objetivo de “solicitar nuevamente una autorización para la utilización de elementos pirotécnicos que fueron internados al país durante el año 2019”.

Es decir, se buscaba volver a obtener la autorización de los mismos fuegos artificiales que se había ordenado destruir el 13 de diciembre de 2021.

Por otra parte, en junio del mismo año, la DGMN “autorizó de forma excepcional la exportación de fuegos artificiales internados en 2019”, con el objetivo de que la empresa pudiera vender al extranjero.

Más tarde, queda al descubierto otro dato relevante. La empresa de pirotecnia fue fiscalizada por la DGMN el 30 de agosto pasado. En esa informándole ya que dichos artificios no podrían ser utilizados por estar vencidos.

Celis por fuegos artificiales: debieron fiscalizar “como corresponde, con los tiempos lógicos”

Todos los antecedentes anteriores fueron parte del informe presentado por Celis ante la Contraloría Regional de Valparíso.

Por ello, recalcó “que el lanzamiento de fuegos artificiales sea una actividad tan importante para ambas ciudades, no permite que los municipios puedan desentenderse de sus responsabilidades”.

En esa línea, agregó que los munincipios, a través de sus unidades técnicas, debieron “realizar una fiscalización como corresponde, con los tiempos lógicos, no algunas semanas antes del evento”.

Y, es que pese a todas las evidencias existentes, las Municipalidades dirigidas por Jorge Sharp (Valparaíso) y Macarena Ripamonti (Viña del Mar), “siguieron adelante con este oferente”, sostuvo el parlamentario.

Esto desencadena en otra acusación, ya que estaban “exponiendo la seguridad de todos los habitantes”. Además, “desperdiciando millonarios contratos y afectando gravemente el turismo y la economía local; a pesar de estar en conocimiento del historial de la empresa que dejaron a cargo”, enfatizó Celis.

Jorge Sharp buscó autorización excepcional del Ministerio de Defensa

Por otro lado, en el requerimiento presentado al órgano Contralor, se evidencia que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se reunió en noviembre con el subsecretario de las Fuerzas Armadas (FF.AA) “para ver la situación de los fuegos artificiales”.

En ese contexto, acusó que solicitó al Ministerio de Defensa una autorización excepcional para la operación de la empresa Pirotecnia SpA. Esto, sosteniéndose en “la importancia que la fiesta Año Nuevo en el Mar genera para la economía local”.

Posteriormente, Sharp y representantes de Viña del Mar comenzaron gestiones para encontrar ‘soluciones’. Todo con el propósito de lograr viabilizar el show pirotécnico.

Es por ello que el diputado de RN ofició al Contralor Regional para que requiera de la información necesaria a la alcaldesa Macarena Ripamonti y al alcalde Jorge Sharp.

Esto último, en vista de que estaban en conocimiento de los reparos que había planteado con bastante antelación la DGMN. Asimismo, que “disponga de los procesos disciplinarios que con ocasión pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables”.