El Juzgado de Garantía de Quilpué -en la región de Valparaíso– decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra de cinco funcionarios de Carabineros formalizados por apremios ilegítimos en dicha comuna.

Los hechos denunciados ocurrieron en octubre de 2019, en medio del denominado “estallido social”.

Fernando Martínez, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en esta investigación, precisó que en la causa figuran dos víctimas, una de las cuales acusó haber sufrido una golpiza.

Pese a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por el delito de torturas, el Ministerio Público -con el avance de la investigación- decidió formalizar la investigación por apremios ilegítimos.

Gonzalo Uribe, abogado querellante que representa a una de las víctimas, no descartó que se acuse a más funcionarios policiales por lo ocurrido.

Según consta en la formalización de cargos, el segundo hecho corresponde a una golpiza que sufrió una persona en el calabozo de la Segunda Comisaría de Carabineros de Quilpué.

El Juzgado de Garantía también decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas, fijando un plazo de investigación de 150 días.