En una visita a la región de Valparaíso, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, rechazó la propuesta de desarrollar un programa habitacional en los terrenos en Quilpúe que pertenecen al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario en mayo de 2020.
Cabe precisar que en 1996 Correa adquirió la propiedad de 21 lotes en Marga Marga, ubicado en camino Calichero, lugar donde en mayo de 2020 se comenzó a extender una ocupación de dichos terrenos por parte de terceros.
Tras lo anterior, Valentina, hija de la víctima, planteó la idea de que el Gobierno utilizará aquella superficie para realizar un proyecto de integración social.
“Lo que nosotros hoy día tenemos es un terreno cien por ciento tomado y lo que a mí juicio, son mafias de terreno y que además se están burlando de aquellas familias que llevan por años esperando en la fila y lo que nosotros queremos es poner a disposición este terreno que son más de ocho hectáreas, las que podrían transformarse en un verdadero proyecto de integración social”, expresó Correa.
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“Terreno no es pertinente”
Cabe recordar que en la investigación por el homicidio calificado de Alejandro Correa, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Renato López Fuentes, como autor intelectual del crimen, acusado de haberle pagado a un sicario para asesinar a la víctima.
La razón detrás de esto se relacionaba, precisamente, con una disputa legal por la delimitación de los terrenos ubicados en Quilpué.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, argumentó que la idea de realizar un programa habitacional no es viable en dicho sector, debido a la calidad del terreno.
“Este terreno lo evaluó el Gobierno anterior y llegó a la conclusión que no era pertinente por cuestiones técnicas, por cuestiones de otra naturaleza de restricción. Nosotros lo evaluamos y también llegamos a la misma conclusión y la verdad es que si surgen nuevos antecedentes y podemos revisar eso, bien”, indicó Montes.
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En paralelo a la causa por el crimen del empresario Correa, también existe una arista en el Juzgado de Garantía de Quilpué que mantiene formalizado a un imputado identificado como Luis Alarcón Cáceres, quien está acusado de liderar la toma en los terrenos del Camino Calichero, siendo obligado a abandonarlos bajo supervisión de Carabineros.