Fiscalía tardó 3 semanas en ordenar diligencias por presuntas torturas en hospital psiquiátrico

Un informe remitido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso reveló que el Ministerio Público tardó tres semanas en ordenar diligencias policiales en torno a las presuntas torturas en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, tras haber recibido la denuncia desde el Ministerio de Salud.

La Fiscalía Regional calificó los tiempos como “razonables” y “habituales” en este tipo de causas y evitó tipificar algún delito en esta etapa de la indagatoria.

Fue el 6 de junio cuando el Ministerio Público ordenó diligencias a la Brigada de Investigación Criminal de Valparaíso, de la Policía de Investigaciones, para indagar presuntas torturas en el Hospital Psiquiátrico del Salvador.

La instrucción develada en un informe remitido a la Corte de Apelaciones porteña tras la presentación de un recurso de protección, fue en respuesta a la denuncia que presentó la ministra de Salud, María Begoña Yarza, ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, recibida el 16 de mayo.

Abogado critica tardanza y Fiscalía asegura que está dentro de los plazos

El abogado Esteban Elórtegui, quien ingresó el recurso, cuestionó que el ente persecutor tardara tres semanas en ordenar una investigación policial.

El Ministerio Público argumentó que los tiempos para ordenar diligencias son “razonables” y “habituales”, considerando que la denuncia debió ser remitida desde la Fiscalía Regional hasta la Fiscalía Local de Valparaíso.

Respecto a los detalles de la investigación, la fiscal regional Claudia Perivancich evitó vincular el caso -de momento- con un delito de torturas, enfatizando en el esclarecimiento de los hechos.

Cabe hacer presente que la denuncia de la ministra de Salud refería a que “se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma pertinente”.

Un mes después, remitió un informe de la Comisión de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales (Coreprem), describiendo “condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos en que se ha llevado a cabo la práctica clínica“, a fin de ponderar una calificación jurídica distinta a las torturas.