Son numerosos los hechos de violencia escolar que han tenido lugar en las últimas semanas, y que van desde amenazas verbales hasta graves agresiones físicas, pasando incluso por episodios que involucran el porte de armas por parte de estudiantes. Se trata de un fenómeno nacional del cual no ha estado exenta la región de Valparaíso.
En ese contexto es que el municipio de Quilpué, anunció este lunes que se encuentra reforzando los protocolos ante este tipo de situaciones en las escuelas municipales.
Fue la misma alcaldesa, Valeria Melipillán, la que manifestó su preocupación y anunció las primeras medidas.
“La vuelta a clases después de tanto tiempo en la virtualidad nos ha llevado a evidenciar diferentes problemas de convivencia y situaciones de violencia en las comunidades educativas. Queremos abordar esta situación desde dos principales aristas. Primero, trabajar en la prevención y en segundo lugar si suceden situaciones de violencia tener protocolos claros para saber cómo abordar estas situaciones“, detalló Melipillán.
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El coordinador de Convivencia Escolar del área de educación del municipio, Aarón López ,detalló que el objetivo es tanto “no vulnerar el derecho a la educación” de los estudiantes que incurren en estas agresiones, como “proteger a la comunidad educativa en general”. Para los casos de mayor gravedad, detalló, incluso se coordina un protocolo con Carabineros.
“Se ha determinado con todos los establecimientos poder diseñar planes académicos y socioemocionales para los y las estudiantes que por alguna eventualidad han puesto en peligro a sus pares o a la comunidad en general. Existen situaciones de violencia y acoso que por normativa general se requiere la presencia de Carabineros. Sostendremos una reunión con Carabineros para acordar un protocolo y criterios mínimos para poder abordar estos casos”, indicó López.
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De esta manera, tras haber realizado un primer encuentro comunal de convivencia escolar, para diagnosticar las situaciones de agresión física y acoso, se convocó a una próxima jornada enfocada en la “reconstrucción de comunidades”.
El fin es establecer criterios mínimos para abordar y prevenir estos casos, tanto a nivel escolar como judicial.