Ha pasado un año y una semana desde que Víctor Pulgar Vidal fue formalizado por los delitos de violación con homicidio, secuestro y robo, siendo el único detenido por el asesinato de Nicole Saavedra. Esto ocurrió gracias a muestras de ADN que lo pusieron en el lugar en que Nicole estuvo secuestrada seis días.

Fue exactamente el 6 de enero del 2019, que el chofer de locomoción colectiva que ya está cumpliendo una condena de 10 años por violación de menor de edad fue formalizado, y la impresión de las organizaciones y las personas cercanas a Nicole, es que la investigación está estancada.

Inicialmente, tanto la familia como su representación legal señalan que los meses posteriores a la muerte de Nicole, la Fiscalía Local de Limache no mostró interés en el caso, además de recordar que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no se hizo parte de la causa por considerar que no era un femicidio. Incluso, la abogada de la familia, Silvana del Valle, dijo que al recibir por primera vez la carpeta del caso, le dio la impresión de que iba dirigido a ser archivado.

Ahí comenzaron a exigir junto a la familia más claridad en la investigación, averiguando que no se habían pesquisado las llamadas telefónicas que pudieran haberse realizado alrededor de la hora que desaparece Nicole el día 18 de junio.

Los registros

Nicole dejó registros que ayudaron a avanzar la indagatoria. Hasta el último momento estuvo en contacto vía Messenger con una amiga, y se sabía la hora exacta en que ella dejó de enviar mensajes la mañana de ese sábado. La PDI detectó meses después que el e-mail asociado al teléfono desaparecido de Nicole se encontraba activo, y ahí comenzó la lucha para que se investigara este correo.

Esto motivó el cambio de fiscal. La joven fue secuestrada en Quillota, y fue esa Fiscalía la que tomó la causa hasta la actualidad. Sin embargo, no lo hizo sin controversias. Acusaciones de un sesgo lesbofóbico y lentitud en la causa fueron las que propiciaron la toma de la Fiscalía de Quillota en junio del 2019, con críticas al fiscal Ulises Meneses, que llevaba cuatro meses a cargo de la indagatoria.

Esa ocupación de espacios fue calificada por el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, como una sobrerreacción. Astudillo es quien realizó la pesquisa al teléfono, y pocos meses después el teléfono apareció: En pocos días Víctor Pulgar Vidal fue detenido, descubriéndose que le vendió el aparato a una pariente. La toma de muestra de ADN motivó su aprehensión.

Silvana del Valle, la abogada de la familia, planteó que la toma de la Fiscalía funcionó. En tres años no se avanzó nada, y tres meses después de la protesta Pulgar fue detenido. Del Valle señaló que Pulgar ya estaba denunciado por violaciones sin ser formalizado y luego del crimen de Nicole se hizo una nueva denuncia de un crimen contra una niña de 12 años.

Del Valle planteó que pudieron averiguar que el hombre estaba relacionado con el asesinato de una joven lesbiana en 2008, y le exigieron a la Fiscalía que relacionara ambos hechos, apuntando que la dinámica del crimen contra Nicole Saavedra sugiere que hay más personas involucradas.

María Bahamondes, prima de Nicole y una de las mujeres que se tomó la Fiscalía en 2019, sigue teniendo rabia y frustración. Ante todo, con la poca información que hay sobre la causa, pero sobretodo, con la diferencia de criterio que según ella, hizo avanzar el juicio en contra de la protesta que realizaron, pero sigue sin mostrar progresos en la causa.

Bahamondes calificó de negligentes y pocos empáticos a las personas a cargo de la indagatoria.

Es precisamente al discutir las motivaciones del secuestro, violación y asesinato de la joven lesbiana, es cuando la conversación se torna sobre ella, y sobre todas las otras víctimas de estos casos.

La Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio viene planteando hace años que en Chile hay una falta de legislación sobre los crímenes de odio en el país, considerando que hace cuatro años que existe un proyecto de ley que busca ampliar el área de influencia del concepto “Incitación al odio”, y sigue siendo una de las iniciativas más esperadas por la comunidad LGBTIQ+.

Erika Montecinos, coordinadora de la agrupación, aclaró que se suele pensar que la Ley Zamudio de antidiscriminación opera sobre este tipo de casos, pero eso ayuda a reconocer situaciones en las que el Estado reconozca que una persona terminó con la vida de otra exclusivamente o principalmente por su identidad sexual.

Montecinos incluso reconoce su extrañeza con que la promulgación de la nueva ley de femicidios -conocido como Ley Gabriela- no esté aplicada a esta causa, encontrando como explicación que fue promulgada en marzo del 2020, mientras que Pulgar fue formalizado en enero, por un crimen que cometió en 2016.

Todas las mujeres involucradas, desde lo legal, político y hasta familiar, tienen la impresión de que habrá una audiencia en marzo en contra de Pulgar, pero lo califican como un rumor. Si se da en esa fecha, habrían pasado 14 meses desde que fue formalizado, y lo poco que saben es que la fiscalía sigue realizando diligencias en el caso.

Montecinos indicó que en estas causas hay un gran clasismo, y que las chances de que la investigación del asesinato de una joven lesbiana de región y de una comuna interior avanzara rápido fueron escazas desde el comienzo. Ellas le seguirán llamando un “lesbicidio”, o un femicidio lesbofócido, independiente de si el poder judicial lo califica o no de esa manera.

Pero lo que sigue en el centro de sus preocupaciones, es que estén en libertad personas que asistieron, participaron o derechamente perpetraron el crimen de Nicole Saavedra.