El ente fiscalizador derivó los antecedentes al Tribunal Electoral Regional, luego de que la comisión encargada de evaluar las ofertas, presidida entonces por el ahora candidato a alcalde Marcelo Barraza, se reuniera -en medio de la licitación- con representantes de una de las firmas oferentes.

La Contraloría cuestionó el actuar del exconcejal y flamante candidato de Unidad Constituyente a la Alcaldía de Valparaíso, Marcelo Barraza, por reunirse con representantes de una de las firmas involucradas en medio de la licitación encargada de asegurar la mantención de áreas verdes de la comuna.

En un informe de 15 páginas, el organismo de control abordó la denuncia presentada contra el exedil por presunto tráfico de influencias, al recibir en la Comisión de Régimen Interno a los empleados de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, una de las oferentes en el concurso público.

Si bien el ente fiscalizador descartó pronunciarse respecto de dicha imputación -por ser competencia del Ministerio Público al tratarse de la acusación de un delito- sí se refirió a la cita entre la compañía y la instancia encargada de la evaluación de las ofertas, presidida entonces por el propio Barraza.

Al respecto, la Contraloría determinó que la reunión entre ambas partes infringió la normativa vigente, al estar “absolutamente prohibido” cualquier tipo de contacto entre las empresas participantes, la municipalidad y su concejo, a menos que esté estipulado en las bases de licitación, situación que no ocurrió en este caso.

“La referida reunión entre representantes de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial y la Comisión de Régimen Interno pudo eventualmente afectar la igualdad de trato que debe observar la entidad edilicia en las licitaciones públicas”, cuestionó el ente de control en su escrito.

En esa línea, añadió que el hecho de haber escuchado los argumentos de la compañía, configura “una circunstancia que podría haber restado imparcialidad en los concejales de dicha comisión, en la discusión y votación” que tuvo lugar el 1 de junio de 2020, “lo que eventualmente podría importar una posible transgresión al principio de probidad”.

Y pese a que la Contraloría descartó ahondar al respecto, indicó que esto último deberá ser abordado por el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, por lo que remitió los antecedentes a dicho organismo para su revisión.

Negativa a Sharp

La reunión, sin embargo, no fue lo único que cuestionó Contraloría. En su informe también se da cuenta que la empresa propuesta por la Alcaldía, la Cooperativa de Trabajo Protección y Mantención de Áreas Verdes, fue rechazada por Barraza, junto a los otros concejales Daniel Morales Escudero, Eugenio Trincado Suárez, Luis Soto Ramírez, Claudio Reyes Stevens e Iván Vuskovic Villanueva y Ruth Cáceres Cortés.

¿El problema? Los argumentos para desestimar la adjudicación a dicha empresa “no se ajustaron a derecho”, al esgrimir fundamentos fuera de las bases del concurso.

De acuerdo a lo argüido por los concejales, otorgarle la licitación a dicha firma traería consecuencias al modelo de cooperativismo que se quiere instaurar en la comuna y un problema a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial que se encontraban prestando el servicio de mantención de jardines y parques.

Asimismo, apuntaron que el oferente propuesto no cumplía con requisitos que, a su parecer, debieron haber sido ponderados, “ya que dicho oferente tenía domicilio en la Región Metropolitana”.

No obstante -y tal como se señaló-, la Contraloría estimó que el Concejo Municipal “no puede rechazar la propuesta alcaldicia por motivos ajenos a los contemplados en las bases de la licitación”, por lo que estimó que “no cabe sino concluir que el Concejo Municipal de Valparaíso no se ha ajustado a derecho” al rechazar la adjudicación a la empresa propuesta por la municipalidad, es decir, la Cooperativa de Trabajo Protección y Mantención de Áreas Verdes.

Debido a la negativa a la opción de Sharp, y en medio de los problemas en la licitación, la administración comunal debió contratar de urgencia -vía trato directo- a la Cooperativa de Trabajo Renacer Patrimonial, la empresa con la que se reunió la comisión presidida por Barraza.

Por este concepto, la casa edilicia desembolsará 55 millones de pesos, por los próximos seis meses.