A dos años de ocurridos los eventos de intoxicación masiva en las denominada zona de sacrificio en Concón, Quintero y Puchuncaví, los habitantes de dichas localidades han manifestado en reiteradas ocasiones sentirse desprotegidos.

En ese sentido, no ha habido avances en la investigación respecto a cómo se intoxicaron y las empresas del cordón industrial siguen funcionando.

Todo esto, existiendo un contundente fallo de la Corte Suprema que argumenta que los habitantes de la zona fueron vulnerados en sus derechos.

En este último fallo -de 15 puntos- del máximo tribunal del país, se establece que se detectó la presencia de dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, los que califican de altamente dañinos para la salud.

Esto generó, aquel 21 de agosto del 2018, masivas intoxicaciones en niños, adultos y ancianos, que comprendían desde irritaciones, náuseas, mareos, vómitos y dolores de cabeza.

En ese sentido, pasó poco tiempo para que el Hospital Adriana Cousiño de Quintero comenzara a colapsar por la masiva llegada de pacientes.

Sin embargo, este evento se repetiría en días posteriores, tomando mayor relevancia cuando los vecinos de dichas ciudades salieron a las calles a marchar y manifestar su descontento por esta situación.

Katta Alonso, vocera de la agrupación mujeres en Zona de Sacrificio, indicó que el Estado aún no ha ejecutado el mandato de la Corte Suprema.

Asimismo, expresó su descontento, ya que a nivel judicial solamente se ha formalizado a dos altos cargos de ENAP por su presunta responsabilidad en las intoxicaciones masivas, por lo que anunció que llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hernán Ramírez, miembro de la fundación Terram, señaló que la comunidad aún está a la espera de la realización de exámenes para conocer su estado de salud.

Desde la Seremi de Medio Ambiente, argumentan que algunas de las principales medidas son el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, como también la Gestión de Episodios Críticos que actúa de forma preventiva frente a malas condiciones de ventilación o mala calidad del aire.

La seremi de dicha cartera, Victoria Gazmuri, sostuvo que los problemas de contaminación se arrastran desde hace 50 años, detallando parte de las medidas implementadas por el Gobierno.

En dicha ocasión, fueron más de 1.500 personas que se reportaron como intoxicadas por compuestos que aún no están del todo definidos, y que a dos años de ocurridos estos eventos, aún se encuentran en investigación.