El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal por fraude al fisco en contra de tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, en el marco del conocido caso de las “Horas Extras”.
Desde la organización Viña Transparente, cuestionan que más personas deberían ser responsables y que los montos de dinero y plazos de los delitos cometidos, son mucho mayores que en la acción judicial.
Se trata de Pablo Staig, quien en ese entonces era Administrador Municipal y director Subrogante de Administración y Finanzas; Manuel Echeverría, director del Departamento de Finanzas; y Javier Garrido, funcionario de la Sección Remuneraciones.
La querella los acusa de actuar en conjunto para autorizar el pago de horas extras a casi todos los trabajadores de planta y contrata del municipio, y los apunta a ellos de causar una pérdida de casi $57.000.000 entre los meses de julio del 2014 y marzo del 2015.
“En el periodo comprendido entre los meses de julio de 2014 y marzo de 2015, los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, los imputados don Pablo Stai Araujo, (…) don Manuel Echeverría León,(…) y Javier Garrido Vasquez, (…) en el ejercicio de sus respectivos cargos, con infracción a los deberes funcionarios propios de cada uno de ellos, en lo que respecta, entre otros, al deber de probidad que les obliga a velar por la adecuada inversión social de los recursos públicos, actuaron conjuntamente con el fin de autorizar el pago de horas extras proporcionales a favor de casi la totalidad de los funcionarios de planta y contrata del referido municipio”, sostiene el documento.
El texto continúa señalando: “(…) no obstante no corresponderles pagos por dicho concepto, en consideración a la naturaleza de sus funciones, al encontrarse los beneficiados ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales”.
“Principalmente, en este contexto, los imputados ya individualizados, aparentaron la procedencia de estos pagos a través de diversas acciones que permitieron que se causara al patrimonio municipal un perjuicio aproximado de $56.229.374″, detalla la acción.
Sin embargo, para la organización Viña Transparente esta acción judicial se queda corta. Desde el año 2012, su presidente, Javier Gómez, ha presentado una serie de querellas por pagos excesivos que según él, le han costado a la ciudad jardín cerca de $5.000.000.000 al año.
Gómez aclaró que la alcaldesa Virginia Reginato sigue siendo la principal responsable de lo que pasó, y dijo esperar que la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado no sirva para quitarle responsabilidad a más personas que están involucradas.
“La alcaldesa es la que firma los decretos… la primerísima responsable. Yo espero que esta querella no sea vista como una especie de delimitación de responsabilidades, tanto en cuanto a las personas que cometieron el delito, la responsabilidad patrimonial que ellos son responsables”, sostuvo.
Agregó que “el Consejo de Defensa tiene que pedir ampliación a otras personas y tiene que pedir la restitución de los fondos defraudados”.
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Asimismo, en el documento de la querella aparecen ocho decretos de pago que suman poco más de $9.500.000.000, y el Consejo dice que los acusados dentro de estos dineros aparentaron los pagos.
En tanto, el concejal Jaime Varas valoró que el Consejo señalara que son casi $57.000.000 de pesos los que estarían en cuestión, señalando que en comparación con los montos hablados al comienzo de la investigación, son dineros residuales.
“El monto de la causa es un monto que es bastante residual en comparación al déficit que se está hablando y en que se precise eso. Es una comunicación que hace el Ministerio Público respecto de su presunta participación en la comisión de uno o más delitos. Nace la oportunidad legal para que en este caso de funcionarios puedan defenderse”, indicó.
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En tanto, el concejal Sandro Puebla recordó que están a la espera de que los tribunales electorales se refieran a la destitución por abandono de deberes de la alcaldesa Virginia Reginato.
“Es una demostración del grave abandono de deberes en que ha incurrido la alcaldesa durante los últimos años y por lo cual, junto a varios concejales, hemos solicitado su destitución”, adujo.
Sobre lo mismo, detalló que espera “que la justicia electoral pueda pronunciarse pronto, sin perjuicio de lo que se avance en materia de las responsabilidades penales del caso”.
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Pese a esto, cabe recordar que la Contraloría hizo una auditoría el 2015 que arrojó la cifra de más de $3.000.000.000, y después, en 2018, completó un informe final que reveló un déficit por más de $17.000.000.000. Comenzando el 2019, la alcaldesa informó que el problema de presupuesto ya fue solucionado.