Este jueves se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que estableció un actuar negligente en contra de los habitantes de las zonas de sacrificio, por los eventos de contaminación masivas durante 2018. Actualmente, la situación se agudiza aun más producto de la pandemia.

“La autoridad de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación existente en las comunas de Quintero y Puchuncavi”.

Este es tan solo uno de los 15 puntos que establece el fallo de la Corte Suprema, hace exactamente un año, después de los eventos contaminantes en las denominadas zonas de sacrificio entre agosto y septiembre de 2018.

Dictamen contundente por parte del máximo tribunal del país, y que establece que efectivamente hubo un actuar negligente en el cordón industrial en contra de los derechos fundamentales de los habitantes de esa zona.

A la fecha, son diversos actores que llevan la lucha a nivel judicial para que el fallo se aplique de manera correcta.

Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, catalogó como ineficientes las medidas por parte del Gobierno para llevar a cabo lo que ordena la Corte Suprema.

Pero llevado a la actualidad, la situación es aun peor, ya que según la dirigenta, a propósito de la pandemia, el coronavirus se transporta de mejor manera en atmósferas dañadas ambientalmente, atacando cuerpos debilitados por la contaminación.

Matias Assun, director nacional de Greenpeace Chile, indicó tajantemente que el Gobierno no ha llevado a cabo el listado completo de las 15 medidas, por lo que exigirán su cumplimiento.

Ante esto, y en medio de la pandemia, indicó que de los 66 días que el país se encuentra en estado de emergencia, en 46 días se han sobrepasado los indicadores de dióxido de azufre en las zonas de sacrificio.

Consultada respecto a qué ha hecho el Gobierno en medio de esta crisis ambiental, la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, manifestó que entre las acciones se encuentran la toma de muestras del Instituto Noruego de Investigación para obtener la huella digital de los contaminantes.

Asimismo, se cuenta la elaboración y puesta en marcha del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, la Gestión de Episodios Críticos (GEC), entre otras medidas.

Pero según la seremi, lo que ha disminuido los peaks de contaminación ha sido la entrada en vigencia de la nueva norma horaria de dióxido de azufre.

En el fallo de la Suprema se esgrime que la Autoridad Sanitaria detectó la presencia de compuestos tales como dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, que califican de altamente dañinos para la salud.

A esto se suman las más de 700 varaciones de carbón en la bahía de Ventanas desde 2009 y las constantes superaciones de los peaks de SO2.

Hasta la fecha aún no existen responsables concretos de los eventos contaminantes en las zonas de sacrificio durante 2018, ni con qué compuesto específico se intoxicó a la población.