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Organizaciones de Quintero reaccionaron a la primera jornada de la audiencia de formalización de los seis ejecutivos de ENAP, por el caso del crudo iraní que habría derivado en emergencias ambientales que afectaron primero a Talcahuano y luego al cordón industrial Quintero-Puchuncaví-Ventanas en la región de Valparaíso.
Señalaron que es un buen precedente para los casos por contaminación, sin embargo, criticaron la participación del Estado como querellante y la falta de responsabilidad que se le otorgó a la Armada en el episodio de 2018.
En esta primera jornada, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, acusó a ENAP de entregar información falsa a la Armada para obtener los permisos de trasvasije desde el barco Monte Toledo al Cabo Victoria en agosto de 2018.
Manuel Pizarro, director de Red Infancia Chile y el movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví, que es uno de los 1.200 querellantes, asistió a la audiencia en la comisión que representa a las familias de la querella. Tras la jornada, señaló que llegar a esta instancia es un gran logro luego de más de 50 años de negligencia medioambiental ejercida por el Estado y las empresas del cordón industrial.
“Ellos señalan que en el caso de agosto de 2018 ENAP tiene la responsabilidad en los hechos de contaminación de acuerdo a muchas pruebas, muchos testimonios, correos electrónicos. Recordemos que ENAP siempre se cerró a entregar información, tuvieron que allanar las instalaciones para poder recabar información”, manifestó.
Desde Quintero, Priscilla Pacheco, de Cabildo Abierto, criticó la falta de responsabilidad que la Fiscalía le otorgó a la Armada de Chile en el caso del crudo iraní.
“Yo pienso que la Armada sabía porque para recalar en un puerto ENAP tiene que avisar a la Capitanía de Puerto o a la Gobernación Marítima e informar qué es lo que traen, que la Armada desconozca su responsabilidad en cuanto a lo que ocurrió en los episodios de intoxicación es salvarse de lo que podría pasar a ser una acusación mucho más grave”, mencionó Pacheco.
A esta crítica se sumó también María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, la que criticó al Estado por desligarse de su responsabilidad al tratarse de que ENAP sea una empresa Estatal y comentó que hay más responsables que los que están siendo formalizados.
“Por las investigaciones que tiene la fiscal me parece un poco inconsecuente ya que ENAP es una empresa estatal, y la responsabilidad no solamente pasa por los gerentes sino que pasa también por el Estado”, indicó.
La audiencia se extenderá por dos días y se está realizando en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, ante el cual la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, acompañada por la persecutora especialista en delitos medioambientales, Ana María Aldana, entregarán los antecedentes para imputar a seis ejecutivos de ENAP y un empleado de la marina mercante.
