Leonardo Contreras, abogado que representa a las familias de los 4 niños que habrían sido abusados sexualmente al interior del jardín Infantil Providencia de Valparaíso, interpuso una querella en contra del hombre acusado y contra todos quienes resulten responsables de estos hechos.
Esto luego que en menos de una semana subieran de dos a cuatro los casos, y que a -juicio del propio profesional- incluso podrían aumentar en el transcurso de la investigación.
Además, existe bastante molestia por parte de las familias afectadas, debido a que según indican, desde el establecimiento negaron que el acusado tuvieses contacto con los niños. Sin embargo los apoderados acusan que el hombre, quien incluso seria apoderado del jardín, realizaba labores al interior del lugar.
Al respecto, el abogado de las familias afectadas, Leonardo Contreras, indicó que el hecho se ha podido establecer, no tan solo con los exámenes realizados en el Hospital Carlos Van Buren, sino que también por el propio relato de los niños afectados, quienes incluso reconocen a su agresor en fotografías.
Una de las madres de los menores involucrados, narró que su propio hijo dio a conocer los lugares a donde era llevado por el acusado, apuntando también que “es una negligencia que todos los niños lo conozcan y según ellas (las tías del jardín) él no trabaje ahí”.
En específico, los abusos se habrían dado en un supuesto contexto de juego, según relataron los propios menores a sus padres, tal como lo dio a conocer la mamá de otro de los pequeños.
Si bien en un comienzo el jardín negó que el hombre trabajara en el lugar, el abogado dio a conocer que le indicaron que la persona acusada había sido separada de sus funciones, con prohibición de ingresar al lugar.
El jardín Providencia pertenece a la fundación Bernarda Morin, con financiamientos de Junji a través de la Vía Transferencia de Fondos, en lo que no sería el primer caso de abusos al interior de establecimientos pertenecientes a dicha organización.
Lo anterior, considerando que en 2015 fue cerrado un hogar de menores que operaba en las misma inmediaciones debido a denuncias de abuso sexual en contra de niñas, hecho que fue denunciado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), lo que finalmente derivó en el cese de su funcionamiento.