El diputado de Renovación Nacional ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que de cuenta de las fiscalizaciones y revisiones que deben ser permanentes al trabajo que realizan las empresas contratistas de InterChile S.A.

El día después del accidente aéreo, que terminó con la vida de seis personas en Colliguay, ha estado marcado por acciones y cuestionamientos de parlamentarios al proyecto energético de la carretera eléctrica Cardones Polpaico.

Durante este lunes, consejeros regionales y diputados de la zona habían recordado que la estadística habla de siete víctimas fatales y tres accidentes en menos de seis meses, para una iniciativa que está oficialmente atrasada.

Una de la serie de cuestionamientos que ha enfrentando el proyecto energético, que lleva un 98% de avance, son los permisos y fiscalizaciones que realiza la DGAC a los sobrevuelos por sectores poblados que durante la fase de trabajos, que le corresponde a la provincia de Marga Marga, ha significado la pérdida de vidas humanas.

En ese contexto, el diputado Andrés Longton (RN) ofició a la dirección, indicando que la baja altura de los traslados ha sido temeraria.

“Podría producirse en cualquier momento algún accidente producto de la sobrecarga, y lo que yo quiero saber es cómo eso se fiscaliza el día a día”, aseveró el parlamentario.

Por su parte, la seremi del Trabajo de la región, María Violeta Silva, ya indicó que la empresa suspendió todas las faenas, debiendo ser la Dirección del Trabajo quien vuelva a autorizar o no su reactivación.

Sin embargo, la incertidumbre persiste: Un megaproyecto que cruza tres regiones, y que ha sido considerado una iniciativa clave para el desarrollo energético de la zona centro-norte ¿debe seguir o detenerse?, le restan 13 torres para poder ser una realidad, pero las dudas sobre las capacidades de la empresa a cargo se mantienen.

En dicho sentido, el diputado Rodrigo González (PPD) recordó las normas ambientales que podrían vulnerarse con el proyecto, indicando que debe considerarse suspender definitivamente las obras.

Estas declaraciones corren por caminos paralelos al conflicto que mantiene la comunidad agrícola La Dormida con la empresa InterChile S.A, pues cuestionan el permiso de los helicópteros para sobrevolar sectores poblados, además de la calificación ambiental y hasta el permiso de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para talar árboles nativos.