Por más de siete horas se llevó a cabo presentación de alegatos en contra de Manuel Noya, excarabinero imputado por las lesiones que sufrió Rodrigo Avilés, quien durante las manifestaciones del 21 de mayo de 2015 fue impactado por un chorro del carro lanza aguas de Fuerzas Especiales.

“Hay responsabilidades y queremos que se asuman”. Con esas palabras Avilés salió del Juzgado Oral en Lo Penal de Valparaíso, donde se llevó a cabo el proceso de alegatos de apertura.

Instancia judicial en que el joven afectado estuvo frente a frente con el exuniformado acusado de causarle lesiones graves al ser impactado por un chorro del vehículo policial y que el excarabinero Manuel Noya, operaba como pitonero durante las manifestaciones.

En la jornada además se analizaron a través de videos cómo sucedieron los hechos, en una audiencia que se prolongó por más de siete horas.

En ese sentido, Rodrigo Avilés apuntó a dichas pruebas, manifestando que en esos registros se pueden ver las responsabilidades que decaen sobre el exuniformado.

“Hay imágenes que delatan ciertas culpas y responsabilidades que hoy día, durante todo este juicio, queremos que se asuman”, aseveró.

Su madre, Soledad Bravo, luego de terminar con esta primera jornada de declaraciones, mencionó estar atenta a la defensa del imputado, quien apuesta que todo lo ocurrido con su hijo fue un accidente.

El fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, mencionó que el acusado está siendo sindicado como culpable del hecho por existir un dolo, es decir, la intención de hacer daño a los manifestantes.

Al respecto, el abogado que representa a la familia Avilés, Sebastián Velázquez, señaló que el imputado está siendo acusado por quebrantar el protocolo de acción al utilizar el chorro del carro lanza aguas a corta distancia del joven afectado.

Manuel Noya está siendo acusado por tres delitos que de forma individual fueron encausadas en su contra.

La Fiscalía propone 541 días de prisión para el detenido por lesiones graves, mientras que en representación de la familia, el abogado querellante propuso 10 años de cárcel por delito de violencia innecesaria, sumandose a la acción del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), solicitando 15 años de privación de libertad por homicidio frustrado.