La Corte de Apelaciones de Valparaíso, rechazó los recursos de protección unificados en una causa, presentados por distintas agrupaciones ambientales, ciudadanas, municipios, y parlamentarios, respecto a los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví durante 2018.

La sentencia de 42 páginas, que contiene todas las acciones legales rechazadas, detalla -entre otras cosas- que el recurso solo será pertinente para buscar “remedios de emergencias en situaciones de crisis”, y no para intentar tener soluciones de fondo o permanentes respectos de estados prolongados de saturación o de situación histórica de contaminación ambiental, porque es competencia de los tribunales ambientales.

En ese sentido, el escrito sostiene que no puede pedirse a la corte que califique las normas técnicas que evalúan el actuar político ni que se “inmiscuya en los planes y medidas que se estudian y adoptan por las autoridades pertinentes para hacer frente al problema de fondo.

Además, el documento acota que la corte no considera que exista una responsabilidad claramente establecida por haber investigación en curso.

También, la Corte de Apelaciones de la ciudad puerto afirmó que el recurso de protección sólamente puede abarcar las “situaciones de emergencia ambiental, y no el contexto general de contaminación de la bahía de Quintero Puchuncaví, y respecto de esas crisis ocurridas en agosto y septiembre de 2018”.

A causa de esto, se añadió que “no pueden acogerse los recursos respecto de ninguna empresa industrial, porque no consta como indubitada la acción de ninguna de ellas en específico, como agente generador del daño”.

La resolución no se detuvo allí, manifestando que en el recurso presentado además de ir en contra de varias empresas de la zona, va en contra del “Estado de Chile, lo que es en sí mismo motivo para desecharlo, porque éste no es un tribunal internacional, sino parte del mismo Estado”.

Debido a lo anterior, la corte precisño que era necesario especificar “qué órgano u órganos públicos quedaban imputados como autores de alguna concreta acción u omisión ilegal”.

Posible radicalización de movimientos

El senador Francisco Chahuán, quien presentó el primer recurso de proteccion al que se le agruparon el resto de las acciones legales, manifestó que las empresas son las responsables de la crisis, tildando a la sentencia como insólita.

En ese sentido, agregó que tras lo ocurrido va a recurrir al máximo tribunal del país.

Maria Araya, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de Quintero, indicó que se van a reunir las organizaciones sociales para fijar una posicion, por lo que no descartó la radicalización de los movimientos.

Ahora quedar esperar cuáles serán los próximos pasos legales que tomarán los vecinos, agrupaciones y estamentos que presentaron los recursos de protección.