“El momento de definirse y tomar decisiones”. Ese es quizas el concepto que mejor engloba la sensación que desde muy temprano comenzó a rondar en la Casa Consistorial de Calle Arlegui de Viña del Mar.
Es que el informe de Contraloría, a juicio de muchos, fue tan lapidario que esto podría marcar un antes y un después en la actual administración comunal, y en la propia alcaldesa Virginia Reginato.
Destituirla por un notable abandono de deberes. Esa es una posibilidad más que cierta y que ha sido solicitada por diputados de la ex Nueva Mayoría.
¿Pero qué pasa en quienes tienen la facultad de esta solicitud, los concejales de Viña del Mar?
El independiente Pro-PS, Sandro Puebla, sostuvo que en los próximos días llevará este tema al Concejo Municipal.
“Todos estamos, practicamente, obligados a acusarla por notable abandono de deberes”, advirtió.
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Desde la otra vereda política, el RN Carlos Williams señaló que ya esta estudiando a cabalidad el informe emanado desde la Contraloría y dijo que la próxima semana tendrá una posición clara sobre este tema.
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En tanto, la demócratacristiana Laura Gianicci no quiso adelantar su decisión, pero señaló que quizás ni la propia alcaldesa estaba al tanto de este tema.
“En mi partido me mandaron hasta un abogado para ayudar. Tengo la sensación que ella no sabía”, manifestó.
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¿Que se necesita para que se concrete esta medida?
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es clara y señala que se necesita de un tercio del total del Concejo Municipal – en el caso de Viña del Mar son 4 votos – para elevar esta solicitud al Tribunal Electoral Regional.
Una vez ingresada esta acusación, podrían darse dos posibilidades, desde la efectiva destitución hasta una sanción monetaria a Reginato.
Así lo detalló Mauricio Cisternas, abogado experto en Administración Pública, Derecho Municipal y consultor de la Asociación Chilena de Municipalidades.
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En la práctica, esto se desarrollaría como un juicio ordinario, con una notificación, plazos para alegatos, intervención de ambas partes.
Tras esto, puede existir una última instancia y final de apelación, que es el Tribunal Calificador de Elecciones.
¿Cuanto podría demorar este proceso? Según la experiencia de Cisternas, un plazo no inferior a 6 meses, eso al menos tomando la jurisprudencia en los casos de las destitución de los ex alcaldes de Sierra Gorda, Matilde Assante, o el de Renaico.