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El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió aplicar a la jueza Patricia Montenegro, titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, la suspensión máxima que podía determinar, de cuatro meses con goce de medio sueldo. A la magistrada se la acusa, entre otras cosas, de haber derramado reiteradamente líquido en la silla de una funcionaria, hecho que habría sido grabado.
Las acusaciones de malos tratos a trabajadores del juzgado incluyen también insultos a hombres y mujeres por su manera de vestir, además del hábito de mojar el asiento de la empleada, situación que fue descubierta por cámaras de vigilancia.
Desde el 29 de octubre el fiscal a cargo de la investigación había oficiado la suspensión de la jueza mientras durara la indagatoria y el mismo persecutor había solicitado que se le diera un plazo de dos meses, castigo que no fue refrendado por el pleno de la corte, porque finalmente le dieron cuatro meses.
Además, el tribunal de alzada le sugirió a la Corte Suprema que explore la posibilidad de usar la facultad de remoción, potestad exclusiva del máximo tribunal del país.
“Los cuatro meses de suspensión es la máxima sanción que la corte está autorizada a imponer“, aseguró Raúl Mera, vocero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. “(También se determinó) solicitar a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción”.
Los antecedentes del caso indican que cámaras de seguridad registraron cómo durante los días 14, 16, 21 y 22 de agosto la magistrada ingresaba a la sala, encendía las luces, abría la cortina metálica y luego derramaba un líquido desconocido en la silla de la víctima, Dina Pizarro, cuarto oficial del tribunal, razón por la que recibió la suspensión.
