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Este sábado la justicia dio a conocer la sentencia para los seis condenados por la muerte de Eduardo Lara, guardia municipal que falleció en un incendio ocasionado tras la marcha del 21 de mayo de 2016 en Valparaíso.
El caso -en poco más de dos años- estuvo marcado por diferentes hitos que concluyeron con la determinación otorgada por el Tribunal Oral en Lo Penal porteño, quien condenó a Miguel Ángel Varela Veas a 15 años de cárcel por su responsabilidad en el deceso de Lara. Tres de esos años son por el porte de bomba incendiaria, mientras que los otros 12 por su coautoría en el siniestro con resultado fatal.
También por su calidad de coautor del delito de incendio con resultado de muerte del guardia municipal, fue condenado a 12 años Felipe Eduardo Ríos Henríquez, quien arrojó el acelerante que propagó las llamas.
A los otros cuatros condenados, el tribunal les dictó una pena de diez años de presidio mayor en su grado medio, en su calidad de coautores del delito. Se trata de Constanza Ignacia Gutiérrez Salinas, Hugo Ignacio Barraza Araya, Rodrigo Andrés Araya Villalobos y Nicolás David Bayer Monnard.
La sentencia concluyó que Miguel Ángel Varela Veas deberá cumplir las penas de manera sucesiva. El tribunal también determinó que de acuerdo a la Ley, no procede ninguna pena sustitutiva y estableció que una vez ejecutoriado el fallo se tome muestra de huella genética a los seis condenados.
Los hechos
El 21 de mayo del año 2016, Hugo Ignacio Barraza Araya, Felipe Eduardo Ríos Henríquez, Constanza Ignacia Gutiérrez Salinas, Nicolás David Bayer Monnard y Rodrigo Andrés Araya Villalobos fueron a la marcha convocada tradicionalmente –hasta entonces- por organizaciones como la CUT, la Anef y la Confech en Valparaíso, con motivo de la Cuenta Pública.
El recorrido por el plan de la ciudad fue autorizado por la Gobernación Provincial, encabezada –en ese entonces- por Jorge Dip, pese a un informe desfavorable de Carabineros, donde se recomendaba no autorizar la marcha por no reunir las condiciones mínimas de seguridad.
También se advertía de dificultades operativas, por la alta demanda de funcionarios dada la Cuenta Pública presidencial y la ceremonia de las Glorias Navales.
En efecto, mientras en el Congreso Nacional la expresidenta, Michelle Bachelet, pronunciaba su penúltimo discurso de su segundo mandato, desmanes se producían en el plan porteño, destrozos a la propiedad pública y privada; el más grave, el incendio con resultado de muerte de Eduardo Lara.
Hugo, Felipe, Nicolás, Rodrigo y Constanza -que llevaba una bolsa azul- se reunieron cerca de las 10:30 de la mañana en los alrededores de la tienda Entel, en la avenida Pedro Montt, que también fue víctima de ataques.
15 minutos más tarde se juntaron con Miguel Ángel Varela Veas para ir la farmacia Ahumada, ubicada en el primer piso de un edificio, en la esquina de las calles Pedro Montt con Las Heras. Encapuchados, con un martillo, un fierro tipo diablo y un combo metálico Hugo, Felipe, Nicolás, Rodrigo y Miguel Ángel, golpearon las cortinas metálicas del local para abrirlas.
Cuando lo lograron, Miguel Ángel, lanzó la bomba incendiaria tipo molotov, hacia el interior de la farmacia. El fuego inició y Felipe hizo que se propagara, arrojando una botella con el líquido acelerante de la combustión, transportado antes en la bolsa azul que tenía Constanza.
La intensidad de las llamas aumentó y había personas dentro del edificio de tres pisos, que ingresaron cuando forzaron la apertura de la farmacia. El fuego se propagó a los pisos superiores.
Eduardo Lara Tapia estaba en las dependencias de la Secretaría Municipal de Valparaíso, donde ejercía como guardia. Sufrió una intoxicación aguda por monóxido de carbono (hipoxia anémica), siendo rescatado por personal de Bomberos en condiciones criticas.
Cuando faltaban cinco minutos para el mediodía, Eduardo ingresó al Hospital Carlos Van Buren, pero falleció a las 12:11 de ese 21 de mayo de 2016, fecha en que por última vez se realizó la Cuenta Pública presidencial, junto al desfile de las Glorias Navales.
El rol del Gobierno Regional y Municipalidad de Valparaíso
Tras este hecho, la Intendencia de Valparaíso presentó una querella en mayo de 2016, al igual que el municipio porteño.
Esta última entidad, sin embargo, quedó fuera como parte querellante por llegar -supuestamente- tarde a la audiencia preparatoria del juicio oral, situación que la administración de Jorge Sharp desmintió argumentando un error en la hora de citación y que intentaron revertir mediante un recurso de nulidad, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Esto produjo declaraciones cruzadas entre el alcalde Sharp y el intendente regional, Jorge Martínez, ya que el Gobierno calificó como negligente el actuar del municipio, según dijo la seremi de Justicia Amaia Arraztoa y luego el jefe regional refrendó las críticas.
También lo hizo la gobernadora provincial, María de los Ángeles de La Paz, mientras que el jefe comunal respondió, acusando a la Intendencia Regional de intentar obtener réditos políticos, más que pretender velar por que se haga justicia.
De todos modos, tras la condena conocida ayer sábado, desde el Ejecutivo expresaron su satisfacción por la sentencia del juicio oral. En esa línea, la gobernadora porteña, María de Los Ángeles de La Paz estuvo presente en la lectura del veredicto.
Asimismo, valoró lo que consideran un fallo ejemplificador, con responsabilidades penales contundentes y penas de cumplimiento efectivo, además de destacar la labor de las policías en la investigación y diligencias del caso.
“Es una suma de acciones y trabajos coordinados que permite a los tribunales tener la convicción de tener este tipo de condenas”, sostuvo.
