La Corte Suprema acogió el recurso de queja y dejó sin efecto la orden de detención contra la exconcejala de Limache, quien fue condenada a 10 años y 1 día de cárcel por fraude al Fisco.

Cynthia Marín, a través de su abogado defensor Juan Carlos Manríquez, recurrió al máximo tribunal con la intención de invalidar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instancia que ratificó la pena otorgada en su contra por el Tribunal Oral de Quillota.

“Confiamos que éste es el primer paso para poder dejar eventualmente sin efecto un par de sentencias que resultan injustas para la señora Cynthia Marín y esperamos que, al final de este proceso, se pueda realmente dar la solución proporcionada y justa que cualquier justiciable esperaría en una situación de esta envergadura”, dijo el abogado defensor.

Asimismo, detalló que el dictamen dio orden de no innovar, “lo que suspende íntegramente los efectos del tribunal de Quillota y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de la misma manera que deja sin efecto y suspenden la orden de arresto que pudo haberse despachado desde el Juzgado de Garantía de Limache contra la señora Marín”.

En este escenario, la exautoridad comunal aún podrá insistir ante el máximo tribunal para invalidar la sentencia que, a juicio del abogado Juan Carlos Manríquez, responde a un trato desigual ante la ley pues, en casos más complejos –como lo son el denominado caso Penta- se han ofrecido salidas alternativas a un juicio oral y penas menores con beneficios.

Además, el defensor ha señalado en reiteradas ocasiones que se trató de “una condena desproporcionada e injusta en contraposición a claras disposiciones legales”, agregando que “se ha incurrido en una falta o abuso de tal gravedad que ha violado la igualdad de armas, dejando a la señora Marín en un trato completamente desigualitario”.

El recurso de queja es la última instancia nacional que la exconcejala tiene para intentar revocar la sentencia y en caso de resultar desfavorable, será el primer paso para insistir en tribunales internacionales con el objetivo de que “el Estado chileno respete los derechos procesales de los justiciables, que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo”, según ha expresado Manríquez.

Se ha sostenido que se cometió falta o abuso grave en la Corte de Valparaíso porque esa sentencia habría subsidiado y mejorado la del tribunal de Quillota pues, en todo el proceso judicial, se dijo que al momento de los hechos que fundaron la acusación en su contra, Marín no era funcionaria pública, y que no es posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y exjefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Caso Fraude en la Intendencia

La exautoridad limachina -quien es hermana del consejero regional y presidente del CORE de Valparaíso, Percy Marín- fue condenada tras una investigación que se arrastraba desde el año 2012, como una de las últimas aristas del llamado “Caso Fraude en la Intendencia”.

Previo a la cancelación de la orden de arresto, la exedil no se había presentado ante Gendarmería para concretar el inicio de la pena en su contra y se encontraba con paradero desconocido hasta el pasado miércoles 27 de junio.

Cynthia Marín fue condenada junto a una segunda imputada por este caso, Catherine Carrasco, quienes en 2012 formaron una agrupación para postular y llevar adelante dos proyectos en materia de seguridad pública en la comuna de Limache, por un total de 37 millones de pesos.

Dichos dineros correspondían a fondos públicos provenientes del Gobierno Regional que, según los antecedentes expuestos en el juicio oral por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, no fueron rendidos, y ambas iniciativas, nunca se materializaron de manera íntegra.