La Contraloría Regional confirmó las irregularidades administrativas al interior de la Municipalidad de Valparaíso, las cuales habían sido expuestas en el preinforme que el órgano contralor emitió el 12 de junio y que analizaba los ingresos percibidos y gastos ejecutados por la casa edilicia entre enero de 2015 y marzo de 2017.

La resolución se dio después de la revisión de 80 oficios que el municipio envió como respuesta a las mencionadas observaciones, tras lo cual el ente fiscalizador emitió el Informe Final N° 388 de 2017, donde se cuestiona el pago de más de $148 millones a las empresas Total Transport, Compañía Penta Security, y a la Cormuval.

“La Municipalidad de Valparaíso no ha aportado antecedentes suficientes que permitan levantar o subsanar las situaciones observadas en el Preinforme de Observaciones por lo que éstas se mantienen”, indica el documento.

De esta manera, el escrito del organismo controlador cuestiona el pago por concepto de bateas inexistentes y el arriendo de equipos que ya habían sido devueltos.

Además, se afirma que el municipio gastó en asegurar vehículos que no eran de su propiedad y en pagar sueldos a personas cuyas labores nunca fueron acreditadas.

Al respecto, el concejal Luis Soto señaló que el juicio más decidor a la anterior administración del exalcalde Jorge Castro fue el que realizó la ciudadanía en las pasadas elecciones municipales.

Dichos antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Local de Valparaíso por considerar la posible presencia de delitos. Sin embargo, también se ordenó el inicio de investigaciones administrativas.

Además, en cuanto a la empresa Total Transport se detectó que el municipio le adeuda más de $200 millones por trabajos que no se realizaron, pero que por contrato tendrían que haber sido pagados de igual manera, situación que será también investigada por el Ministerio Público por constituir un eventual fraude al Fisco.

Pese a estos antecedentes, el edil Ivan Vuskovic fue más escéptico a la hora de determinar como seguirá el curso judicial por estos hechos.

Por otro lado, se detectó que el municipio arrendó vehículos a la empresa por más de $6 mil millones en un plazo de 4 años, bajo un contrato que tenía una duración de 10.

En este sentido, tras un análisis de mercado, se concluyó que de haber comprado dichos vehículos, la casa consistorial podría haber ahorrado cerca de $2 mil millones, por lo que se ordenó adoptar medidas que apunten a la eficacia y eficiencia de los caudales públicos.

Finalmente, en cuanto a Eagle Care, empresa a cargo del aparcadero municipal, esta no pagó lo que correspondía al municipio, el que tampoco exigió la cancelación de la diferencia.

La firma no rindió debidamente el IVA, por lo que este escenario será reportado al Servicio de Impuestos Internos, según lo descrito en el informe final de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional, donde también se estipulan una serie de otras observaciones de menor envergadura.