En la jornada de este lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique resolvió suspender de su profesión al abogado Claudio Cofré Soto, defensor del Tren de Aragua. Esto, tras presentar su renuncia a cerca de diez días del juicio, provocando un retraso de seis meses en la causa.
Cofré Soto representaba a 6 de los 12 acusados en el juicio de la primera célula del Tren de Aragua, la cual fue identificada y desarticulada gracias al trabajo conjunto de la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Este no podrá ejercer como abogado durante 45 días, según detalló el TOP, pues no se estimó “fundada ni suficiente” las razones tras su dimisión. Además, según fuentes de La Radio, esta no sería la primera suspensión del abogado, pues hace dos semanas lo habrían inhabilitado en Arica por desconectarse de una jornada de juicio.
Argumentos del TOP
En un escrito de dos consideraciones, el tribunal partió argumentando que “las razones dadas por el abogado en su renuncia –desacuerdo con sus defendidos relativo a la teoría del caso- no coinciden con las otorgadas en su informe” de otro juicio oral en curso.
En esa línea, señalaron que en una audiencia del 11 de septiembre de este año, el profesional “nada señaló acerca de una eventual renuncia”. Resaltando que la programación del juicio tuvo “una importante repercusión en el normal agendamiento del tribunal”.
Este se fechó en mayo pasado para este 23 de septiembre, considerándose una duración prolongada para el mismo de al menos dos meses, lo que Cofré no tuvo en consideración para el momento de su renuncia.
Tampoco consideró -indican- que la causa trata “varios delitos con penas de crimen entre las que se cuentan las más graves que contempla el Código Penal”. Involucrando incluso a menores de edad, lo que exige preferencia en la tramitación.
Lo anterior derivó en la “forzosa designación de la Defensoría Penal Pública” para que asuma el caso, la que solicitó un plazo de seis meses para preparación. Así, el juicio quedó para el 11 de marzo de 2025.
Finalmente, con todo sobre la mesa, los jueces Gabriela Marín, Arturo Fernández y Rodrigo Villar resolvieron la suspensión de 45 días para el abogado, la que deberá ser informada a todas las Cortes de Apelaciones del país.
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