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En la condena a las exautoridades también destaca la inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, la prohibición de acercarse a la municipalidad y multas.
En el marco del Caso LED, este lunes el Juzgado de Garantía de Iquique condenó a los exconcejales Mitchel Cartes Tamayo y Arsenio Lozano Vidal a 3 años y un día de presidio, como autores del delito de fraude al fisco.
A ello se suma la pena de 718 días de presidio por el delito reiterado de cohecho. Estos ilícitos, recordemos, perpetrados entre septiembre y octubre del pasado año 2018.
En la resolución, además a Cartes Tamayo y Lozano Vidal se aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por el término de 10 años, además de la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.
Igualmente, la prohibición de acercarse a la municipalidad y el pago de multas de 25 y 5 UTM, respectivamente, por el delito de cohecho; y multas de 50 y 10 UF por fraude al fisco.
Otras condenas en Caso LED en Iquique
Adicionalmente, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó al exseremi Johan Vieira Pineda a la pena de 3 años y un día de presidio, la inhabilitación absoluta para cargo u oficio público por el término de 10 años, la prohibición de acercarse a la municipalidad y una multa de 15 UTM.
Esto, como autor del delito de soborno reiterado; además de 541 días de presidio, suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y una multa de 50 UTM como autor del delito de lavado de dinero.
Considerando que los sentenciados cumplen con requisitos legales, se sustituyó el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por la libertad vigilada intensiva en el plazo total que sumen sus condenas.
Finalmente, según el ente persecutor, fue una investigación iniciada en 2018 la que permitió detectar que los concejales habrían aceptado -a cambio de un beneficio económico- entregar a empresas que participaban en la licitación de recambio de luminarias públicas en la ciudad.
Además de acceder a información de la etapa previa de elaboración de las bases, incluso proponer montos para las ofertas más elevadas, lo que les permitiría asegurar beneficio económico y la adjudicación final de la licitación.
En dicho contexto, el exseremi Johan Vieira Pineda habría actuado como intermediario local de dichas empresas para proceder al pago del soborno comprometido.
