El Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado para tres ciudadanos extranjeros, quienes secuestraron y asesinaron a un empresario de Iquique de 67 años, en enero de 2022.
La acusación se da contra dos hombres y una mujer, quienes aprovecharon la relación de cercanía de esta última para acceder a los registros comerciales de la víctima y proceder al delito.
De acuerdo a la acusación del fiscal de foco Oscar Sáez, en 2021 la víctima identificada como N.A.M.P. mantuvo como trabajadora a la acusada M.M.C. en el local comercial que tenía en una feria de Alto Hospicio, región de Tarapacá. Luego, mantuvieron una relación de confianza que permitió la ciudadana venezolana conocer la situación económica de la víctima y de su familia.
Pero el 6 de enero de 2022, la víctima salió desde su domicilio en Iquique cerca de las 10:00, con destino a la comuna de Alto Hospicio, informando a su familia que concurriría a realizar trámites notariales.
No obstante, el empresario cambió su rumbo y se dirigió hacia la toma La Mula, en donde vivía la acusada M.M.C. En ese lugar fue retenido por los acusados, también de origen venezolano, A.A.P. y K.R.N., manteniéndolo amarrado y con los ojos vendados.
En el lugar fue fotografiado y grabaron audios con el objeto de exigir un rescate a la familia, indicándole al hijo del hombre que no debía concurrir a la policía por su liberación. Durante la noche del 6 y madrugada del 7 de enero, los imputados junto a otros sujetos, golpearon, torturaron y asesinaron a la víctima, propinándole heridas con elementos cortantes, punzantes y contundentes.
Luego, lo trasladaron a un inmueble cercano, donde fue enterrado.
Posteriormente, siguieron con la extorsión, utilizando los registros fotográficos y de audios obtenidos durante el cautiverio. Enviaron las imágenes y audios al hijo de la víctima, exigiéndole la entrega de $50.000.000. Como el este no pudo reunir ese dinero, llegó a un acuerdo con los captores de pagar $11.000.000 en efectivo.
La entrega del monto se realizaría en Colchane, durante la mañana del 8 de enero, hasta donde el hijo del empresario fue seguido de cerca por funcionarios de la Policía de Investigaciones. No obstante, una vez en el lugar, los secuestradores condicionaron la liberación del hombre a que el pago se realizara en territorio boliviano, lo que implicaba cruzar la frontera de forma ilegal. Eso finalmente no se concretó.
Mientras, el acusado K.R.N. fue el domicilio donde estaba enterrado el cuerpo, en Las Mulas para desenterrarlo y trasladarlo hasta un sitio eriazo en mismo sector. Esto con el fin de ocultarlo y que no fuera descubierto por funcionarios policiales que realizaban diligencias en el sitio.
Finalmente, funcionarios policiales dieron con el inmueble donde ocurrió el secuestro, dando con un cuchillo con rastros de sangre que se determinó era del empresario. Más tarde, detectives encontraron el cuerpo de la víctima en un sitio eriazo, envuelto en una sábana, amarrado de pies y manos, con su vestimenta completa y múltiples lesiones.
En el juicio, que este jueves vive su segundo día, el fiscal Óscar Sáez presentará los testimonios de la familia de la víctima, de testigos reservados y de los funcionarios policiales que realizaron las diligencias investigativas, además de peritos y prueba documental.