En un operativo conjunto entre Carabineros y la Fiscalia de Iquique, se desarticuló a tres bandas dedicadas al tráfico de migrantes en la zona fronteriza de Tarapacá.
En prisión preventiva quedaron nueve personas -ocho chilenos y un boliviano- y además se incautaron 9 vehículos y más de $3 millones en el procedimiento.
La investigación duró más de 10 meses, y se utilizaron distintas técnicas investigativas como seguimientos, interceptaciones telefónicas, uso de drones y entrevistas a víctimas y testigos.
Tras esto, la Fiscalía e Iquique y la sección del OS9 de Carabineros, lograron la detención de estos sujetos que formaban parte de tres agrupaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la frontera de Colchane.
La fiscal a cargo del caso, Jocelyn Pacheco, explicó que todos los traslados tenían un costo diferenciado según el lugar a donde los migrantes se dirigían, variando desde 30 mil cuando eran llevados a localidades del interior de la región, hasta 280 mil cuando el destino era la capital.
Se estima que a lo menos estas bandas ingresaron al país y trasladaron a distintas ciudades a cerca de 400 personas extranjeras.
“Lucrando con la vulnerabilidad”
El jefe de la I Zona de Carabineros, general Sergio Telchi, destacó el procedimiento: “ya que se logró desarticular una importante organización que estaba lucrando con la vulnerabilidad de muchísimas personas extranjeras. Aquí hay personas que han planificado acciones para poder traer a estos migrantes, cobrándoles altas sumas de dinero y haciéndolos pasar ilegalmente la frontera, poniendo en riesgo su integridad física y su salud”.
La fiscal indicó que una vez que las personas extranjeras eran contactadas por los ‘coyotes’ e ingresaban al país por pasos no habilitados caminando por el desierto, eran dejadas por estas bandas en una bodega o garaje ubicado en la localidad de Pisiga Carpa, y allí esperaban que llegaran los transportistas para movilizarlos hasta su lugar de destino.
Finalmente, los nueve imputados fueron formalizados por tráfico de migrantes agravado reiterado, quedando en prisión preventiva por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de investigación de 60 días.