Por delitos de robo con violencia e intimidación, cohecho, contrabando, asociación ilícita y lavado de activos fueron formalizados los miembros de una organización criminal conformada por civiles y funcionarios de Carabineros al momento de los ilícitos, desarticulada por la Unidad de Delitos Económicos y de Corrupción de la fiscalía Regional de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones.

Al respecto, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para los 16 imputados por la Fiscalía; trece de ellos exfuncionarios de Carabineros, mientras que la investigación se extenderá por 120 días.

El fiscal a cargo del caso Eduardo Ríos explicó en la audiencia que la investigación logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por civiles y funcionarios en servicio activo de Carabineros de Chile, quienes operaron de manera concertada, a lo menos, desde noviembre de 2017 hasta mediados de 2019, con el propósito de facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país, su traslado y su venta al interior de la región.

También se habrían dedicado a interceptar camiones con cargamentos de cigarrillos de contrabando de origen boliviano, que eran introducidos por pasos no habilitados cercanos al complejo fronterizo de Colchane, con la finalidad de sustraerlos mediante intimidación o violencia, para luego distribuir dicha carga y venderla al menudeo en las comunas de Alto Hospicio e Iquique, obteniendo importantes ganancias que se repartían entre los integrantes de la asociación ilícita.

El fiscal explicó que a través de seguimientos, levantamientos patrimoniales, análisis de redes familiares, análisis financieros e interceptaciones telefónicas, se estableció que la organización era liderada por el imputado de iniciales S.M.C. y el cabo segundo R.A.R.S., quienes impartían órdenes y supervisaban las acciones de los miembros civiles y uniformados. Agregó que estos últimos realizaban labores operativas, entregando a los líderes de la organización información acerca de turnos de garitas de control, advirtiendo la presencia de unidades policiales especializadas, interviniendo en la interceptación y sustracción de cigarrillos de contrabando, y aceptando beneficios económicos indebidos.

Para la concreción de todos los delitos, la organización mantenía aparatos de radio frecuencia instalados en sus vehículos, una aplicación especial de walkie talkie para comunicarse en tiempo real, visores nocturnos, sensores de movimiento instalados en la ruta para detectar a los camiones que iban a ser sustraídos, cámara de vigilancia electrónica instalada en la tenencia de Huara que tenía un duplicado en el inmueble de uno de los jefes de la banda y armas tipo réplicas, “miguelitos”, pasamontañas, balizas y vehículos policiales.

En la audiencia, el fiscal Ríos detalló ocho robos con intimidación y violencia efectuados por los imputados en distintas fechas, que afectaron a camiones conducidos por choferes extranjeros y cargados con cigarrillos. Indicó que luego de sustraída la mercadería, ésta era acopiada en distintos domicilios y vendida al menudeo. Se estima que de cada camión robado obtenían ganancias cercanas a los 7 millones de pesos, los que eran distribuidos entre los miembros de la organización, ya sea a través de depósitos bancarios, transferencias electrónicas o entregas de dinero en efectivo.

También la investigación estableció que los carabineros involucrados recibieron pagos de entre $20 mil y $3 millones, ya sea para evitar la realización de controles policiales a transportistas de mercadería ilegal u omitir su deber de denunciar el delito de contrabando.

Tras indicar los delitos que se le imputan a cada detenido, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 16 imputados (13 de ellos ex carabineros) y a siete imputados se les solicitó el arresto domiciliario total.