El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por delitos asociados a hechos de corrupción como cohecho y fraude al Fisco.
El jefe comunal de Rancagua está investigado por el Ministerio Público luego de que hace un año un informe de Contraloría que detectó irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios en el municipio.
La querella del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, se dirige nominativamente contra el edil Juan Ramón Godoy quien habría cometido una serie de irregularidades en su calidad de presidente de la Corporación Municipal y alcalde en ejercicio de dicha comuna, materializadas por medio de una administración desleal de los fondos públicos, ocasionado con ello un perjuicio económico al erario fiscal.
De acuerdo a los antecedentes contenidos en la investigación, el imputado habría cometido ilícitos como el pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas, la advertencia a particulares de una licitación venidera (y adjudicarla) aceptando por ello beneficios económicos o de otra naturaleza para sí o terceros.
De igual forma, se le investiga por la fragmentación de compras a través de adquisiciones por trato directo para beneficiar a determinadas empresas, la adquisición de bienes como la compra de un vehículo y la extensión de contratos por servicios fuera de la normativa legal, como el de retiro de basura, no habiendo mediado consulta ni aprobación del Concejo Municipal.
La movida judicial del CDE se suma a la solicitud de formalización en contra de Juan Ramón Godoy para el 9 de abril, presentada este miércoles por el Ministerio Público.
Esto junto a otros cuatro imputados, entre ellos empresarios de la región, también acusados de delitos de corrupción.
El pasado 19 de marzo, el tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía en orden a decretar la detención de los imputados. Por ello, se solicitó de forma urgente que el tribunal considere la gravedad de los hechos de corrupción investigados, los montos asociados a las eventuales defraudaciones, el número de delitos y las penas de crimen asignadas a estos.