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La magistrada acusó red de protección por hostigamientos y “vulneración de derechos fundamentales” al no tomarse medidas de “mitigación” de los funcionarios que, según ella, protegieron al juez Luis Barría. "Se incumple un decreto de la Superintendencia de Seguridad Social".
Una jueza de Santiago interpuso una demanda de tutela laboral acusando la presencia de una red de protección por hostigamientos en favor de su colega Luis Barría, luego de ser denunciado y sancionado por acoso sexual. En la acción judicial, la magistrada señala que no se tomaron medidas de mitigación y se incumplió ” un decreto de la Superintendencia de Seguridad Social”.
Denuncias de acoso del año 2020
Fue en octubre del 2020 cuando la fiscal judicial Natalia Rencoret firmó un documento que remeció la interna de la Corte de Apelaciones de Rancagua: el magistrado, Luis Barría Alarcón, había sido acusado de acoso sexual contra tres funcionarias del organismo. Posteriormente, el juez fue suspendido de sus labores.
La Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió contra Barría que había “acosado sexualmente a las funcionarias del Juzgado de Garantías de Rancagua”, con “tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”.
Víctimas e implicancias
No obstante, dicho acontecimiento tuvo otra implicancia administrativa. Según información entregada a La Tercera, la jueza de un tribunal de Santiago -quien pidió no revelar su nombre- interpuso una demanda laboral contra el Poder Judicial, el 19 de agosto por “vulneración de derechos fundamentales” al no tomarse medidas de “mitigación” de los funcionarios que habrían “protegido” al juez Barría durante los acosos.
De acuerdo con lo mencionado por la jueza, el 19 de mayo la Superintendencia de Seguridad Social había ordenado al Poder Judicial tomar medidas “para eliminar los factores de riesgo” en los tribunales para evitar que denunciantes del magistrado, tanto las afectadas como quienes colaboraron como testigos en el caso, compartieran los mismos espacios con quienes actuaban como cómplices del juez.
Desde la superintendencia, en su resolución, indicó que los agresores de la víctima debían ser trasladados y cambiados de sus funciones para no tener más contacto con la jueza que interpuso la demanda.
Sin embargo, acusa que ellos continúan en sus puestos de trabajo, “a metros de la víctima” quien, por ahora se mantiene con teletrabajo sólo por la alerta sanitaria, modalidad que terminará a finales de septiembre, lo que la obligará a compartir espacio y funciones con sus agresores.
Además, la magistrada denunciante, participó de un tratamiento en Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), pues acusó hostigamientos por parte de quienes continúan colaborando con el juez Barría.
Por otro lado, cercanos a la magistrada, advirtieron que ella debía delegarle tareas a estas personas, pero no acogían sus instrucciones.
“Generar ambientes laborales libres de violencia” y evitar vulneración de garantías fundamentales
Según la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad, porque demuestra que la institución encargada de administrar justicia, no es capaz de generar espacios seguros y libres de violencia y acoso en el lugar de trabajo”.
Además, agregó que la resolución de la Superintendencia “es clara y llama la atención que a pesar de la existencia de una Comisión de Prevención de Riesgos Psicosociales, no se estén tomando las medidas necesarias para cuidar la salud integral de una persona que ha sido víctima de acosos en su lugar de trabajo de manera permanente desde su ingreso al tribunal, y a la fecha, mediante acciones tendientes a mantener la vulneración de garantías fundamentales, sin la debida protección”
La Asociación de Magistradas Chilenas (MACHI), entidad que está asesorando y acompañando a la víctima, advirtió la “inobservancia a la propia reglamentación y obligaciones que el Poder Judicial se ha autoimpuesto para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo”. Desde el Poder Judicial, declinaron referirse al caso.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, y presidenta del gremio, Carola Rivas, sostuvo que “en este caso en concreto, y en todos los que se promuevan, hacemos un llamado a todos los integrantes del Poder Judicial a comprometerse en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos tanto de quienes integran el Poder Judicial como de aquellos y aquellas que acuden a tribunales exigiendo justicia, orientando su actuar a generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación, con especial énfasis en la prevención y atención del acoso sexual”.
