Empresas de papel, contratación y remuneraciones de personas que nunca han trabajado en el municipio, incluso de fallecidos. Esas fueron parte de las imputaciones en contra del exalcalde de San Fernando, Luis Berwart, y los tres exfuncionarios del municipio, formalizados por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Todo partió en abril, cuando la Contraloría General de la República emitió un informe que detectó diversas irregularidades en la ejecución y rendición de los recursos públicos destinados a las áreas de Educación y Salud en la Municipalidad de San Fernando, entre 2017 y 2018.

El documento alertó a la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de O’Higgins, que allanó el municipio en mayo y se abrió una indagación por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento público y fraude en subvenciones.

Según la investigación de la Fiscalía de O’Higgins, los imputados se agruparon de manera permanente para sustraer recursos desde las subvenciones de salud y educación por un monto cercano a 3 mil millones de pesos.

El persecutor regional subrogante de O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, enfatizó se crearon sociedades prestadores de servicios de asesorías y venta de insumos por parte de terceros con quienes los imputados mantenían vínculos familiares, de amistad o afinidad política.

No solo eso, sino que la utilización de información comercial de empresas que NO prestaron servicios, contratación de personas que NUNCA trabajaron en el municipio y remuneraciones de gente ya fallecida.

Tras una audiencia de formalización que se extendió desde las 09:30 del viernes hasta las 02:10 del sábado, el Juzgado de Garantía de San Fernando determinó prisión preventiva para los 4 imputados y un plazo de investigación de 90 días.

Recordemos que el martes formalizaron a otro exalcalde de San Fernando, hablamos de Juan Pablo Molina, a quien le decretaron arresto domiciliario total y la prohibición de comunicarse con los otros imputados.